Ecologistas y oposición denuncian el interés especulativo de las promociones

La mayoría de los nuevos proyectos de macrourbanizaciones con campo de golf proyectadas a lo largo del territorio valenciano tienen un nexo en común: los complejos se levantarán sobre área rústicas -zonas de huertas y monte público protegido- adquirido por los promotores a bajo precio, pero cuyo valor se multiplica una vez que la Administración, léase ayuntamientos y Consell, los autoriza y recalifica el terreno en suelo urbanizable.

Los grupos ecologistas y los partidos de la oposición, entre ellos el PSPV, coinciden en su denuncia sobre el "fondo especulativo" que encierran estas promociones urbanísticas con campos de golf.

Esta denuncia la ha planteado recientemente el diputado socialista Adolf Sanmartín. Éste asegura que la Consejería de Territorio y Vivienda maneja el borrador del anteproyecto de ley de campos golf, cuyo fin último es articular "estrategias" para destinar el suelo no urbanizable a la construcción de campos de golf. El titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, niega la acusación. Los socialistas insisten en que el borrador considera el riego de los campos de golf como uso agrario.

Más contundente en su crítica se muestra el portavoz del PSVP en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño, para quien la proliferación de campos de golf, en el caso de La Vega Baja, ilegales, "responde al afán especulativo de los promotores en muchos casos en connivencia con los alcaldes", matiza.

La avalancha de estas promociones urbanísticas está en consonancia con las previsiones del Consell en 2003. Entonces, el titular de Medio Ambiente, Fernando Modrego, aseguró que en la Comunidad Valenciana hay "déficit" de 22 campos de golf.