Las autonomías cierran un "pacto histórico" de participación en la UE

Catorce años después de que Cataluña, Euskadi y Andalucía reivindicaran por vez primera la participación de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, el Gobierno y las 17 autonomías cerraron ayer en el Senado un acuerdo para materializar dicha representación. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, destacó la "importancia histórica" que para el Estado autonómico tiene el pacto.

La participación de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea contó con la oposición tajante del anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, que bloqueó el desarrollo de su debate. Lo mismo sucedió con la creación de la Conferencia de Presidentes, reunida por vez primera en octubre, y con la presencia de los presidentes autonómicos en cumbres bilaterales, como ha sucedido con la hispano-lusa e hispano-francesa, ambas de reciente celebración.

"Hemos cubierto tres hitos importantes para los que no ha sido necesario reformar la Constitución. Sólo ha hecho falta talante y voluntad política para crear este espíritu de consenso y esta línea de cooperación", dijo ayer el ministro de Administraciones Públicas al finalizar la reunión, a la que acudieron consejeros y altos cargos de todas las comunidades autónomas, las gobernadas tanto por populares como por socialistas y nacionalistas.

El Gobierno y las comunidades autónomas eligieron ayer por unanimidad y por primera vez los dos representantes autonómicos en la Representación Permanente de España ante la UE (REPER). Serán una funcionaria de la Xunta de Galicia, Sagrario Pérez Castellanos, y un funcionario de la Junta de Andalucía, Manuel García Guirado. En 2005, la REPER contará con un tercer representante.

También acordaron por unanimidad que las comunidades autónomas estarán representadas en cuatro Consejos de Ministros de la Unión Europea. Los cuatro representantes serán elegidos en las 11 conferencias sectoriales correspondientes, de tal forma que cada representante permanezca, al menos, un semestre, así como que todas las comunidades autónomas tengan la oportunidad de tener uno.

Este criterio general fue matizado por los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que reclamaron flexibilidad en la elección para que los representantes autonómicos en los Consejos de Ministros de la UE fueran los más adecuados en función de los temas que se tratasen. Hubo unanimidad en considerar esta precisión, como la hubo con la propuesta del PP, recogida en el documento aprobado, de que la responsabilidad del Gobierno central quede clara en el resultado de las negociaciones en las que participen las autonomías.

Nadie -tampoco el ministro de Administraciones Públicas- planteó en la reunión que uno de los dos representantes de la REPER lo fuera de comunidades con lengua propia. La ausencia de esta propuesta fue interpretada por el PP como una desautorización del ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que aludió a esta cuestión.

Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP admitieron que se ha producido una "evolución" en este partido, cuyo ex líder Aznar se opuso a la participación de las comunidades en los Consejos de Ministros. Lo atribuyeron a la sentencia del Tribunal Constitucional que admitió la apertura de oficinas de representación autonómica en Bruselas y recordaron que Manuel Fraga hace diez años ya defendió dicha participación.