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Barcelona paga 109 millones por gastos que competen a otras administraciones

Cada barcelonés debe abonar 69 euros en impuestos municipales para cubrir ese déficit

Barcelona es una de las ciudades que reciben más ingresos de los impuestos del Estado, pero a la vez la que afronta más gastos que corresponden a la Administración central o a la autonómica, desde aportaciones a la financiación metropolitana a la suplencia de equipamientos culturales o las guarderías. En 2004, esos gastos representarán un desembolso de 109 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada residente en Barcelona pagará 69 euros, vía impuestos municipales, para hacer frente a esos gastos, que este año representarán el 6,7% del presupuesto del Ayuntamiento.

Con esas cifras en la mano y la comparación de los impuestos e ingresos que reciben Barcelona y otras seis grandes ciudades de España, el Ayuntamiento plantea en la negociación de la Carta Municipal con el Gobierno central que el incremento de la financiación anual debe rondar unos 100 millones de euros. No por transferencias, sino por cesión del IRPF, el IVA y los impuestos especiales (véase EL PAÍS del pasado lunes). El acuerdo en la financiación constituye uno de los puntos más delicados en la negociación que se desarrolla entre el Ayuntamiento y el Gobierno catalán por una parte, y la Administración central por otra.

Un informe realizado por el Instituto de Economía de Barcelona por encargo del Ayuntamiento compara las principales magnitudes presupuestarias de la capital catalana y de otras seis ciudades españolas. Destaca, por ejemplo, que en Barcelona los ingresos tributarios -tasas más impuestos- por habitante son de 591 euros en 2004, frente a los 399 de Madrid, los 439 de Bilbao y los 402 de Zaragoza. También señala que la capital catalana es la que recibe más transferencias de impuestos del Estado, 368 euros por habitante, frente a los 297 de Madrid, por ejemplo. Y apunta que es una de las capitales que más invierten: 707 euros, frente a los 584 de Madrid.

Ese mismo informe pone de manifiesto que si la comparación se hace entre otras poblaciones del área metropolitana, Barcelona deja de ser la ciudad que más impuestos cobra. Por delante se sitúan, por ejemplo, San Cugat del Vallès y Sant Just Desvern, entre otras.

Lo que pone en evidencia un segundo estudio realizado por el gabinete técnico de programación del Ayuntamiento de Barcelona sobre los gastos de suplencia y subsidiariedad desde 1996 hasta este año es que las cuentas del consistorio tiene que afrontar un incremento sostenido de los gastos que, en principio, no le corresponden, aunque eso es materia de discusión y polémica entre las tres administraciones, que ahora son del mismo color político. Por ejemplo, este año la cifra total es de 109 millones de euros, en 2001 fue de 100, y cuatro años antes, de 93.

Más gastos

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"Lo que no se puede decir es que Barcelona es la ciudad más cara en impuestos y la que más recibe de transferencias sin tener en cuenta que financiamos el área metropolitana y asumimos gastos que no nos tocan y se comen buena parte de nuestros ingresos. Lo que no ocurre, por ejemplo, en Madrid, donde no asumen ningún gasto supletorio", afirma José Cuervo, concejal de Hacienda del consistorio barcelonés y uno de los responsables de la negocaciación de la Carta de Barcelona.

El Partido Popular tiene una visión radicalmente distinta y ayer, por boca de su presidente, Alberto Fernández Díaz, reclamó una rebaja de los impuestos y las tasas municipales.

Es en el ámbito cultural donde la suplencia del Ayuntamiento aumenta progresivamente desde 1996. Según ese estudio, en 2004 el consistorio transferirá 31 millones de euros para afrontar los gastos de los museos nacionales, el 50% de los equipamientos culturales y los gastos de normalización lingüística de la ciudad. Esa misma partida era de 24 millones de euros hace ocho años.

El segundo puesto lo ocupa la suplencia de gastos de educación -las escuelas municipales de primaria y secundaria-, con 18 millones de euros, seguida del área de salud pública -la red hospitalaria municipal, la atención a los drogodependientes y el plan de vacunación-, con 14, y la de los servicios sociales -atención a la tercera edad y a los disminuidos, transporte adaptado y atención a la mujer-, con 5,7 millones de euros. El consistorio asume subsidiariamente los gastos de las plazas de guarderías de la ciudad, capítulo al que este año ha dedicado 19 millones de euros. Parte de las partidas de lo que se considera gasto supletorio podría quedar zanjada con la creación y puesta en funcionamiento de los consorcios de la Carta Municipal entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Algo que está resultando laborioso, tanto con el anterior Gobierno de CiU como con el actual tripartito.

En los seis años analizados por el informe, los gastos de suplencia se han mantenido más o menos estables, mientras que los de subsidiariedad y el que genera el déficit de financiación se han incrementado el 40% y el 62%, respectivamente.

Los gastos de la Barcelona metropolitana

La Barcelona administrativa es la de 1,5 millones de habitantes. La otra, la más realista, es la del área metropolitana: 34 municipios en los que viven más de tres millones de personas. El Estado, vía impuestos, transfiere al consistorio de Barcelona una partida para financiar los servicios del área. Una asignación que se suele quedar corta, dicen en el Ayuntamiento. Por ejemplo, para 2004 la transferencia del Estado para el área es de 51,1 millones de eruos, cantidad a la que el consistorio de Barcelona añade 13,4 millones de euros. Por tanto, de los 368 millones de euros que recibe Barcelona vía PIE (participación en los impuestodel Estado), 64,5 se van a sufragar los gastos de la mancomunidad metropolitana. Ese déficit de financiación se alega desde Barcelona machaconamente en la negociación de la Carta Municipal. Y es, precisamente, otro de los problemas para llegar a un acuerdo. Sobre todo porque la institución del área metropolitana no existe todavía. Ése es uno de los argumentos de los negociadores del Ministerio de Administraciones Públicas, que consideran anormal establecer un régimen de financiación de un organismo que todavía no existe. Pero las necesidades sí, replican desde Barcelona.

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