El Gobierno aprovechará el reglamento de la ley comercial para dar más margen a las autonomías

El Gobierno se ha decidido por la vía reglamentaria para resolver el entuerto que se produjo la semana pasada en el Senado a la hora de votar la nueva ley de horarios comerciales. Pese a que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Montilla, ha calificado esta ley de "marcadamente autonomista", el Ejecutivo dará aún mayor margen a las comunidades autónomas en materia de comercio, a través del reglamento que desarrollará la ley, según fuentes de este ministerio. El Parlament aprobó ayer por unanimidad la nueva normativa catalana, más restrictiva que la estatal.

La ley catalana, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, reduce de 12 a 8 los festivos de apertura y limita el número de horas semanales a 72, frente a las 90 que hasta ahora podían permanecer abiertos los comercios. La norma da plena libertad a los autoservicios -tiendas de alimentación de hasta un máximo de 120 metros cuadrados- para abrir los domingos y festivos, sin mencionar explícitamente los metros y pese a que la ley estatal fija el máximo en 150 metros.

Cataluña ha optado por no incluir en la ley un número máximo de metros cuadrados para no chocar con la legislación estatal.

La ley contó con el voto a favor de todos los grupos con representación en el Parlament, pese a que el PP mostró su rechazo en algunos puntos, como la reducción del número de festivos de apertura. La patronal de las grandes superficies, Anged, criticó también este aspecto y aseguró en un comunicado que el consumidor catalán "demanda un mayor número de festivos, como se ha podido comprobar durante el último puente".

Acuerdo con Montilla

El Ejecutivo catalán ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Industria para evitar "un cruce de recursos ante el Tribunal Constitucional" ante las diferencias que presentan ambas leyes, explicó ayer Josep Huguet, consejero de Comercio, Consumo y Turismo. Huguet aseguró que la nueva normativa permitirá "preservar el modelo catalán de comercio", aunque adelantó que la reforma del Estatut fijará el marco definitivo, con "competencias exclusivas" en materia de horarios comerciales.

Paralelamente a la aprobación de la ley catalana, tanto el Ejecutivo catalán como Convergència i Unió (CiU) prosiguen las negociaciones con el Gobierno central en materia comercial. Éste aprovechará el reglamento que desarrollará la nueva ley de horarios comerciales para introducir "concreciones relacionadas con las enmiendas no aprobadas en el Senado" la pasada semana, según fuentes de Industria.

Dichas enmiendas habían sido pactadas entre Industria y CiU poco antes de que se votara la ley, pero no salieron adelante. El Senado rechazó la ley con los votos de IU, el PP y, finalmente, de CiU. La ley no volverá al Congreso y se publicará tal como salió de éste en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el Ejecutivo ha optado por aprovechar la vía reglamentaria para introducir las modificaciones pactadas en el Senado.

Negociación

Industria asegura que la negociación "sigue abierta" con varios grupos políticos para plasmar "especificidades a través del reglamento" relativas al acuerdo alcanzado con CiU y los grupos políticos del Gobierno tripartito catalán. El objetivo es dar mayor margen de maniobra a las comunidades autónomas "en función de sus necesidades comerciales".

Si se recoge el espíritu de las enmiendas prepactadas, las comunidades podrán ampliar o reducir la superficie de venta tanto de las tiendas con libertad de apertura en festivos como en la definición de las tiendas de conveniencia, que están abiertas al público más horas y disfrutan también de libertad de apertura.

El diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó calificó ayer de "insatisfactoria" la solución adoptada por el Gobierno central, en alusión a la vía reglamentaria. Fernández Teixidó afirmó que la federación nacionalista es partidaria de promover "una proposición de ley" en lugar de un reglamento "para incluir en la legislación comercial el espíritu del pacto con Montilla". CiU no descarta solicitar un dictamen al Consell Consultiu sobre la ley comercial.

El Parlament aprobó también por unanimidad la creación de la Agencia Catalana de Consumo, que sustituirá al Instituto Catalán de Consumo y asumirá todas las competencias en esta materia.