El PA presenta una iniciativa en la Cámara contra el acoso

El grupo parlamentario del Partido Andalucista (PA) solicitará a la Junta que tome medidas contra el acoso y la violencia en los centros educativos, que realice una campaña de publicidad y la puesta en marcha de un teléfono de consultas, asesoramiento y denuncias para "romper con la ley del silencio" de este problema social.

La demanda viene recogida en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz en la que los andalucistas reclaman a la Consejería de Educación que fomente "la participación activa del profesorado ante indicios de acoso escolar".

Además, la iniciativa sostiene que es necesario "animar a las víctimas a informar de situaciones de acoso sin miedos", y creen que en este fenómeno de la violencia en los centros educativos se produce una "ley del silencio, tanto de víctimas como de testigos". Para paliar la situación el PA exige la puesta en marcha de un teléfono andaluz de consultas, asesoramiento y denuncias.

La campaña de publicidad debe estar dirigida a reforzar la educación para la convivencia en la escuela con "tolerancia cero" hacia las conductas agresivas, por lo que abogan por "concienciar a las familias de su obligación de educar en los valores de la no violencia y la convivencia pacífica". En este sentido, el PA opina que hay que "erradicar" de los medios de comunicación los contenidos que inciten a la violencia y al desprecio a los más débiles.

Reproduce esquemas

El informe que el Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, presentó el 1 de diciembre se ocupa también de la violencia en las escuelas. "Nuestra opinión es que la escuela reproduce unos esquemas sociales caracterizados por el culto a la violencia y la consagración de la competitividad y la agresividad como claves del éxito".

Según el documento, en Educación Secundaria -de 12 a 16 años- es donde se concentran más casos de violencia y problemas de convivencia. "Una de las causas de esta mayor incidencia es la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo que supone que muchos alumnos se ven forzados a permanecer dos años más, por lo que es más frecuente que presenten rechazo que, ocasionalmente, se traducen en conductas agresivas".

"Para atajar la creciente conflictividad en nuestros Institutos es preciso cambiar la preparación del profesorado, potenciando la adquisición de mayores recursos pedagógicos y facilitándoles el acceso a cursos de formación y perfeccionamiento para afrontar con garantías el reto de una educación basada en la atención a la diversidad y la compensación de las desigualdades entre el alumnado", afirma el Defensor del Menor.