Transnaciones unidas

¿Qué debe hacer la ONU? ¿Quiénes deben decidir sus actuaciones? La comunidad internacional de entonces pensó y diseñó en 1945 la ONU como una sociedad de Estados, con el Consejo de Seguridad como núcleo decisorio. Sesenta años después, el informe encargado por el secretario general a un Grupo de Alto Nivel pretende adaptar el sistema al mundo actual, bien diferente. La atención se ha centrado en las propuestas para reformar la composición del Consejo de Seguridad y hacerlo más representativo (no cabe decir más democrático, cuando los sujetos de la democracia son ciudadanos, y en este foro se sientan países no democráticos). Pero casi más interesantes resultan las propuestas para hacer un mundo más seguro frente a las principales amenazas que no conocen fronteras y que han crecido, salvo las guerras entre Estados, con la globalización: las guerras en el seno de Estados (hay más, pero menos que a mediados de los noventa), las amenazas económicas y sociales incluyendo pandemias como el sida, las armas de destrucción masiva, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. La agenda de la seguridad ha dejado de ser puramente político-militar e internacional. El vocabulario ha cambiado.

La ONU reposa sobre una doble estructura. Por una parte la jurídica, con un tratado, la Carta, fuente de derecho internacional público por excelencia y documento que vertebra la Organización y las relaciones entre Estados, además de una Declaración Universal de los Derechos Humanos que es lo que su nombre indica: una declaración, no un tratado. La otra estructura es la organizativa, la O, esencialmente el Secretariado, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Últimamente, ante la poca confianza de EE UU y otros en esta O y en Kofi Annan, el Consejo de Seguridad ha empezado a desarrollar estructuras propias que no dependan del secretario general, además de abrogarse una capacidad legislativa. El informe refuerza esta deriva, por ejemplo con una Comisión de Construcción de la Paz bajo autoridad directa del Consejo. Básicamente se quiere reforzar al Consejo (y reducir la parálisis de los vetos de los Cinco) frente al Secretariado que no cumple bien los mandatos, está salpicado por corruptelas y hay que reformar. El caso del Programa Petróleo por Alimentos para Irak es quizás el que ha conjugado un presupuesto más gigantesco y un personal muy numeroso con la falta de controles suficientes.

Aunque defiende la acción preventiva -primero la pacífica, para empezar, frente a la pobreza, y la diplomática y sólo en "último recurso" el uso de la fuerza-, el informe no propone cambiar el artículo 51 que limita el uso legítimo de las armas a lo que decida el Consejo de Seguridad o a la defensa propia. En todo caso, incluso ante amenazas de ataques inminentes, sólo el Consejo puede legitimar una acción anticipatoria. Nada de unilateralismo. Y si el Informe aboga por una definición del terrorismo, que condena sin paliativos, no llega a tal sino (lo que no es poco) a lo que llama una "descripción". Se reconoce el derecho a la resistencia de pueblos ocupados, pero no que se pueda dirigir contra civiles o no combatientes. No gustará a la Administración de Bush.

La mayor novedad respecto a 1945 reside en la propuesta de codificar la "responsabilidad de intervenir" para proteger a civiles atacados en sus derechos humanos si el Estado no lo hace. Es toda una revolución conceptual. De aceptarse, sería la confirmación del derecho a la injerencia a través de la doctrina de la intervención humanitaria. La cuestión es si la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos de Bush, que quieren socavar a Kofi Annan por sus críticas a la guerra de Irak, aceptarán entrar en este debate. Es importante que lo hagan. No estamos ante la muerte de la ONU que anunciara Richard Perle, pero sí ante el peligro de que caiga en la inoperancia y/o en la irrelevancia, lo que llevaría a un mundo aún más inseguro. Para evitarlo es perentorio, como apunta el informe, fraguar un nuevo consenso internacional en materia de seguridad colectiva, necesariamente más transnacional que nunca. aortega@elpais.es