La vicepresidenta primera ordena un informe sobre los seguros de los altos cargos del Ejecutivo

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Gobierno ha encargado a todos los departamentos ministeriales un estudio sobre los seguros de vida y accidente que tienen contraídos con fondos públicos los altos cargos del Ejecutivo. Con esta medida, el Gobierno socialista quiere averiguar si hay alguna póliza que no deba financiarse con cargo a los Presupuestos y qué procedimiento se ha seguido para su contratación.

Fernández de la Vega hizo este anuncio tras el Consejo de Ministros, en referencia al polémico seguro suscrito por el Ministerio de Defensa y a los que benefician desde 1991 al presidente del Gobierno, altos cargos de La Moncloa y funcionarios de Presidencia. Algunos de estos seguros cubren actividades privadas como accidentes que se pudieran producir "en la práctica de la caza, esquí, deportes náuticos y patinaje".

Tanto el presidente como la vicepresidenta primera ignoraban la existencia de estas pólizas. Los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas serán los encargados de hacer una propuesta para dar cobertura a los altos cargos que tienen mayores riegos cuando viajan. No obstante, Fernández de la Vega trató ayer de quitar hierro a la destitución fulminante del director de Recursos Humanos de la Presidencia, materializada la víspera al comprobarse que había renovado automáticamente los seguros "sin autorización y sin conocimiento de la ministra de la Presidencia". La vicepresidenta primera aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para rechazar la existencia de "ocultamiento malicioso" de información en los seguros concertados con La Moncloa.

Disposición adicional

El Ejecutivo socialista introdujo una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de1989 por la que autorizaba a "concertar seguros sobre vida o accidentes que cubran las contingencias que se produzcan con ocasión del desempeño de funciones en las que concurran circunstancias que hagan necesaria dicha cobertura". Estas pólizas estaban destinadas, según el texto, al personal al servicio de la Administración del Estado, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social.

Según esta disposición adicional, corresponde al titular del departamento, organismo, entidad o servicio correspondiente la "determinación de las funciones y contingencias concretas". Ésta es la disposición que se viene aplicando desde entonces para contratar los seguros de altos funcionarios de la Administración.

Fuentes cercanas al Ejecutivo que gobernaba en aquel momento han indicado que la firma de dichas pólizas eran operaciones de trámite, que no debían estar firmadas por el titular del departamento o ministerio, y que se negociaban caso por caso, dependiendo de las necesidades del organismo.