Unanimidad

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Intregral contra la Violencia de Género recibió ayer el espaldarazo definitivo para que pueda entrar en vigor a principios de 2005: su aprobación en el Senado. Como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados, el texto obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Pocas veces ocurre que una ley se aprueba con tanta rapidez y con tanta unanimidad, lo cual demuestra que la totalidad de las fuerzas políticas han demostrado una sensibilidad acorde con lo que la sociedad espera del legislador: que sea capaz de responder con diligencia y con los instrumentos adecuados a los problemas que la ciudadanía considera prioritarios.

Además de tratar este problema como una cuestión de Estado, las fuerzas parlamentarias han alumbrado una ley que se considera pionera en Europa sobre un problema muy complejo y en el que intervienen muchos factores, de modo que las respuestas parciales pueden ser un parche que contenga la hemorragia, pero nunca serán capaces de cauterizar la herida. La aprobación de una ley integral, que reúne en una misma ley los aspectos judiciales, policiales, sociales, sanitarios, laborales y educativos, garantiza que se pondrán en marcha todos los recursos necesarios para contener este fenómeno.

No cabe esperar que la aprobación de esta ley vaya a erradicar de inmediato la violencia que pretende combatir, pero permitirá prevenir muchos casos, reducir los efectos y, sobre todo, proteger adecuadamente a las víctimas. Desgraciadamente, la violencia de género se nutre de componentes muy arraigados en el sustrato cultural que informa la conducta de muchos hombres. Es ahora, además, cuando se dan las condiciones sociales y culturales para que las mujeres puedan romper con unas relaciones de sometimiento que en otras épocas se veían impelidas a soportar. Y ya se sabe que éstos son vasos comunicantes: cuanta menos resignación, más riesgo de reacción violenta.

El Partido Popular, olvidándose en este caso de la bronca en que está instalado, ha dado su respaldo a la ley pese a mantener discrepancias, opinables pero fundadas, sobre algunos aspectos de su contenido, como la discriminación positiva que agrava las penas cuando el agresor es un hombre o sus reservas a la creación de juzgados especiales para este tipo de delitos. Es de esperar que esta actitud se mantenga en el futuro, y que el Gobierno sepa corresponderle con una actitud abierta a revisar aquellos aspectos de la ley que, en la práctica, pudieran considerarse mejorables. En cualquier caso, la ciudadanía tiene hoy motivos para felicitarse por el trabajo de sus representantes parlamentarios.