CiU y PP proponen que la carta de derechos y deberes ciudadanos quede fuera del Estatut

La carta de derechos ciudadanos cuya inclusión en el Estatuto de Autonomía ha sido presentada en numerosas ocasiones como uno de los argumentos para justificar la reforma de aquél, podría quedar fuera del Estatut. A propuesta de Convergència i Unió (CiU), que contó con el apoyo del PP en este asunto, la ponencia parlamentaria que elabora la reforma aceptó ayer estudiar que la futura carta de derechos sea elaborada como una ley ordinaria del Parlament, en paralelo a la reforma de la Carta Magna catalana o en un plazo relativamente corto después de aprobada aquélla. Los tres partidos de la izquierda, sin embargo, mantienen la pretensión de incluir estos derechos en el nuevo Estatut.

La primera consecuencia que tendría dejar la carta de derechos fuera del Estatut sería que quedaría fuera también del bloque de constitucionalidad. Este bloque es el formado por la Constitución, los estatutos de autonomía y algunas leyes orgánicas, como la del Tribunal Constitucional.

El objetivo perseguido por quienes defienden la inclusión en el Estatut de un catálogo de derechos es justamente el contrario al propuesto ayer por CiU y el PP. Es decir, darles el máximo rango jurídico-político posible. En sentido contrario, CiU presenta como un factor positivo el hecho de que una ley elaborada por el Parlament sería más fácilmente adaptable que una parte del Estatut, que estaría sujeta al rígido procedimiento de reforma estatutaria que incluye la aprobación por las Cortes españolas y un referéndum.

La diputada socialista Lidia Santos, que ayer dio cuenta de los trabajos de la ponencia en nombre de todos los grupos, explicó que, en cualquier caso, el Estatut incluiría por lo menos el mandato al Parlament de elaborar la carta de derechos. También precisó que ayer no se tomó ninguna decisión sobre este asunto. "Primero elaboraremos el catálogo y, cuando lo tengamos, decidiremos si va en el Estatut o como ley del Parlament", dijo.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, minimizó los riesgos de inconstitucionalidad. En declaraciones a este diario destacó que no se está hablando de los derechos y libertades que están ya consagrados como fundamentales en la Constitución. "Hablamos de tres tipos de derechos: los denominados derechos de participación política, los sociales y económicos y los culturales y lingüísticos". Se trata de derechos relacionados con competencias de la Generalitat, sobre los que se pretende instaurar un "derecho subjetivo" de los ciudadanos.

Consejo de municipios

Los partidos de la izquierda dan una gran importancia a que estos derechos figuren en el Estatut. Entre otras cosas porque se refieren a las peticiones más reiteradas por los agentes sociales y económicos y las entidades culturales en el proceso de participación abierto en los últimos meses.

En este punto cobra particular importancia la propuesta de incluir también en la reforma del Estatut la instauración de un mecanismo de garantías para el cumplimiento de estos derechos. La opción estudiada inicialmente es la de crear una comisión de garantías estatutarias, que no tendría rango judicial. Sería una instancia previa a la judicial. Está por determinar si sus resoluciones serían vinculantes o no para la Administración de la Generalitat. CiU se opuso ayer a que fueran vinculantes.

Entre los pocos deberes de que se habla está el de conocer la lengua catalana. Junto a la propuesta de establecer el derecho a ser atendido por la Administración y las instituciones públicas en la lengua oficial escogida por el ciudadano se incluye la propuesta de que, por ejemplo, para ejercer en Cataluña, los jueces, magistrados, fiscales, notarios y registradores de la propiedad tienen que acreditar un nivel adecuado en las dos lenguas oficiales para desarrollar su actividad en ellas.

Por otra parte, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, propuso ayer la creación de un consejo de municipios que elabore informes previos a la aprobación de los presupuestos, que tenga iniciativa legislativa y pueda designar a miembros de instituciones como la Sindicatura de Cuentas o el Consejo Consultivo de la Generalitat.