Las viviendas protegidas no se podrán vender antes de 90 años

La Generalitat no permitirá que las viviendas protegidas se puedan vender en el mercado libre antes de que transcurran 90 años desde su adquisición, en vez de los 20 actuales, según fuentes de la Dirección General de Vivienda. La medida, que se incluye en el decreto de Despliegue del Plan de Derecho a la Vivienda, pretende blindar los pisos sociales para crear un mercado de vivienda protegida que crezca en paralelo al de precios libres.

"No pretendemos intervenir en el mercado libre, sino crear otro paralelo de vivienda con varios tipos de protección y precio, que esté repartido territorialmente y que se concentre en grandes ciudades", aseguró el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, Salvador Milà, en la segunda jornada del Observatorio de la Vivienda, organizado por el despacho Garrigues Abogados y el Consejo General del Notariado.

Para crear este parque de pisos públicos, el decreto, que se presentará en el Consell Executiu del 14 de diciembre, establecerá que ninguna vivienda de protección oficial pueda ser recalificada en 90 años, lo que evitará que estos pisos se puedan incorporar a corto plazo al mercado y que sus propietarios especulen con la revalorización de su casa tras haber comprado su vivienda a un precio inferior al del mercado gracias a las subvenciones públicas.

El Ejecutivo calcula que el periodo de 90 años refleja la "vida útil" de una vivienda. La normativa vigente fija que los pisos que formen parte de promociones en régimen de compraventa de protección oficial pueden recalificarse al cabo de 20 años. El propietario que quiera venderlo antes de que venza este periodo debe devolver todos los beneficios e intereses que la vivienda haya generado. Esta medida, sin embargo, no ha evitado que estos pisos salgan a corto o medio plazo al mercado de promoción libre.

El nuevo decreto pretende corregir esta deficiencia ampliando el periodo de protección a 90 años. Si el propietario quiere vender la vivienda antes, sólo podrá hacerlo a un precio fijado por la Administración y a la persona que determine ésta. Los nuevos destinatarios de la casa serán escogidos entre los inscritos en un registro de solicitantes que el Gobierno catalán elaborará.

"Los receptores de vivienda de protección oficial no podrán vender libremente, sino que la Administración tendrá un derecho de tanteo por ley", aseguró ayer la directora de Vivienda, Carme Trilla. Milà añadió que el decreto tiene como objeto "crear un producto específico para sectores sociales que por su nivel de renta, o por opción personal, no puedan acceder al derecho constitucional a la vivienda".

Cautela entre los promotores

Los promotores valoraron la creación de un mercado de vivienda pública siempre que éste sea flexible. El presidente de Habitat, Bruno Figueras, advirtió que la medida puede introducir "rigideces en el mercado", puesto que 90 años suponen casi la totalidad de "la vida útil" de una vivienda.

Con la nueva fórmula también se persigue que los vendedores de viviendas protegidas puedan cobrar parte de su precio en dinero negro.

En la primera jornada del observatorio los notarios admitieron que más del 30% del precio de los pisos usados se paga en negro. Los profesionales del sector apostaron ayer por mejorar los índices de transparencia. "Ahora ya conocemos que el 30% de precio de las viviendas usadas se paga en negro. Es un ejemplo de cómo la corrupción afecta al mercado inmobiliario", explicó el presidente de Garrigues Abogados, Antonio Garrigues.

El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez recordó que desde 1998 el sector de la construcción ha experimentado en España un crecimiento superior al de la riqueza nacional. "Cada año se construyen 700.000 viviendas nuevas, de las que sólo 300.000 son hogares principales", aportó. El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, consideró "anómalo" que un país mida su crecimiento por el volumen de viviendas producidas.