El Júcar, el caudal ecológico y el trasvase

El pasado día 7 de octubre, el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua aprobaba el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya (PSCM-CIC), en el que quedan establecidos los caudales ambientales en todos los ríos catalanes que desembocan directamente al mar Mediterráneo, entre los que destacan, por su importancia hidrológica y por la intensidad de usos que soportan, el Ter y el Llobregat.

Con la aprobación de este documento, los cinco ríos principales de la vertiente mediterránea (Ter, Llobregat, Ebro, Júcar y Segura) tienen ya definidos normativamente sus caudales ambientales. Lamentablemente, el Júcar presenta un grado de protección netamente inferior al de los cuatro restantes.

"El Júcar continúa sin reserva mínima alguna pero sí con un límite máximo..."

"...que es diez veces inferior al mínimo de cualquiera de los otros ríos del Mediterráneo"

En efecto, para el Ter y el Llobregat, cuyas aportaciones medias anuales son, respectivamente, de 843 y 693 hectómetros cúbicos, el Pla de Cabals (páginas 36 y 39) ha fijado unos caudales mínimos en desembocadura de 5,5 metros cúbicos por segundo para el Ter, y 4,3 para el Llobregat. Estos caudales representan, para el Ter, el 21% de su caudal medio en régimen natural, y para el Llobregat, el 20% de su correspondiente caudal natural. Además, a estos caudales se les añade el "caudal generador", destinado a simular los efectos de las crecidas anuales propias de los ríos mediterráneos, que limpian los lechos de los ríos y dan forma a sus cauces. Una vez al año, y durante 24 horas, los embalses de ambos ríos deberán realizar importantes sueltas de agua para generar avenidas, con caudales de 74 metros cúbicos por segundo en el Ter, y 32 en el Llobregat.

En el río Ebro, el caudal ambiental a respetar en la desembocadura dio lugar a grandes polémicas y a numerosos debates técnicos -en España y en Bruselas-, durante la etapa en que el anterior gobierno español se empeñaba, contra toda racionalidad técnica, ecológica y económica, en imponer el trasvase del Ebro. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro establece que "para la zona de la desembocadura se adopta orientativamente un caudal ecológico mínimo de 100 m3/s". Sin embargo, en los debates sobre el PHN pronto se hizo evidente la insuficiencia de esta cifra, y el gobierno español no tardó en asumir la cifra de 135 hm3/año propuesta por el gobierno de la Generalitat Catalana, mientras las instituciones científicas y las organizaciones ciudadanas exigían y siguen exigiendo caudales muy superiores, así como importantes caudales generadores adicionales. Teniendo en cuenta que el Ebro tiene, según el PHN, una aportación natural de 17.265 hectómetros cúbicos anuales, el caudal de 100 metros cúbicos por segundo fijado provisionalmente en el PHCE representa el 18,3% del caudal natural medio, mientras que el umbral de 135 que está ya generalmente asumido como un mínimo de partida en el debate que ahora se inicia sobre el caudal mínimo, representaría un 24,7%, sin contar los caudales generadores.

Incluso el río Segura, el mas maltratado de España, y quizá de Europa, tiene una asignación significativa de caudal ambiental en su Plan de Cuenca que aguas debajo de la Contraparada, a 134 kilómetros del mar "establece el objetivo de caudal mínimo de naturaleza medioambiental y sanitario de 4 m3/s, circulante para todas las épocas del año y en cualquier punto del río Segura". Teniendo en cuenta que el PHN asignaba al Segura una aportación media anual de 647 hectómetros cúbicos, esta restricción de caudal ambiental equivale al 19,5% del caudal natural medio del río.

La situación del Júcar, sin embargo, es muy diferente. En el Artículo 24 de la Normativa del PHCJ "se fija en 600 l/s [es decir 0,6 metros por segundo] el caudal mínimo a mantener en todo momento en el río Júcar, aguas abajo del embalse de Tous, y hasta la toma de la Acequia Real del Júcar". Eso es todo lo que la normativa vigente le asegura al Júcar, y además sólo hasta la toma de la Acequia Real en Antella. Desde ese punto hasta el mar (cerca de 60 kilómetros de cauce) es de aplicación el Artículo 18 de la Normativa, que señala que "en el caso de que no se cuente con estudios específicos y para cauces de régimen permanente, el caudal medioambiental mínimo no superará el caudal natural del río con un límite superior de 1 m3/s".

En resumen, en el PHCJ no sólo no se estableció para el Bajo Júcar un caudal mínimo a respetar, por pequeño que fuera, sino que, a la espera de estudios específicos que en la actualidad, siete años después de la aprobación del Plan, continúan sin realizarse, se impuso a cualquier posible caudal ambiental un techo superior de 1 m3/seg, irrisorio para un curso fluvial como el Bajo Júcar.

Como se puede apreciar en la tabla adjunta, el grado de protección del Júcar en su tramo final no admite comparación con ninguno de los restantes ríos mediterráneos: mientras todos los demás ríos disponen de reservas de caudal ambiental que representan entre el 20% y el 25 % de su caudal medio natural, el Júcar continúa sin reserva mínima alguna, pero sí con un límite máximo que es diez veces inferior al mínimo de cualquiera de los otros ríos. Y ello pese a que todo el Bajo Júcar, desde Tous al mar, está propuesto como lugar de interés comunitario (LIC) de la red europea Natura 2000, lo cual implica que las medidas de protección, en lugar de anularse, deberían extremarse, como corresponde al valor singular de este tipo de espacios.

La total indefensión del Júcar no puede mantenerse por más tiempo. No es posible esperar a la revisión del Plan de Cuenca, que ni siquiera se ha iniciado y cuya elaboración requerirá varios años. En el Júcar, la administración debe de abordar de inmediato el establecimiento de caudales ambientales, y debe tramitar sin demora su entrada en vigor, utilizando los mecanismos jurídicos que permiten la modificación puntual de los Planes Hidrológicos de Cuenca. Huelga señalar que los caudales que se adopten deberán estar en línea con los parámetros básicos del río, y con los criterios que se han seguido para los restantes ríos mediterráneos, los cuales encajan, al menos en un planteamiento de mínimos, con la teoría y la práctica internacionales actuales en este ámbito del conocimiento. Cualquier propuesta de asignación que se saliera de este contexto geográfico y científico sería por completo inaceptable, y sería de inmediato denunciada por las partes interesadas, tanto en las instancias españolas como en las comunitarias.

Mientras no se cumpla esta obligación inaplazable, la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó, y de las nuevas derivaciones de caudal del Júcar que se están realizando en La Mancha, deben ser detenidas. Indudablemente, no será fácil ni agradable tener que explicar en las comarcas alicantinas, y especialmente a los agricultores del Medio Vinalopó, el engaño al que han sido sometidos por la administración anterior, con la colaboración de algunos de sus paisanos. Pero sólo reconociendo los hechos como son se podrá entrar en el camino de las verdaderas soluciones, y no sólo para el Júcar, sino especialmente para el Medio Vinalopó, que es la comarca que con más urgencia las necesita.

Hay que recordar, por último, que según la vigente Ley de Aguas, a la hora de asignar caudales a los diferentes usos, la planificación hidrológica ha de operar descontando previamente los caudales ambientales vigentes de los recursos naturales disponibles en la cuenca. Si los caudales ambientales del Júcar no sólo no están en vigor, sino que ni siquiera se conocen, difícilmente se podrán abordar los análisis necesarios para valorar con fundamento la viabilidad de una nueva demanda, como es el trasvase Júcar-Vinalopó.

Las noticias que se suceden día tras día muestran que la situación ambiental del Júcar y L'Albufera es tan crítica, y su indefensión jurídica tan escandalosa, que ya no tiene justificación posible la continuidad de las obras: si éstas continúan, sólo se logrará empeorar la situación y dificultar aún más la recuperación de la Cuenca del Júcar, ya bastante complicada por los regadíos abusivos de La Mancha Oriental, que después de ser ilegalmente tolerados durante años, fueron legitimados por el Pacto del Agua de 1997 entre Bono y Zaplana.

A la vista de todos los datos que ocultaba el gobierno anterior, y que se han ido conociendo en estos últimos meses, la paralización de las obras de este trasvase, último residuo del macroproyecto del trasvase del Ebro, se hace inevitable desde cualquier perspectiva de buena administración del interés público. Ni Xúquer Viu, ni la sociedad valenciana aceptarán soluciones, por intereses extraños, que no contemplen el tratamiento que se merece el río más importante de los valencianos.