El Gobierno afirma que la reforma llegará a tiempo de nombrar altos cargos judiciales

El Consejo de Ministros aprobó ayer de nuevo, en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que pretende reformar el sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de justicia. Enmienda así la derrota sufrida en el Congreso el jueves pasado por la ausencia de 18 diputados socialistas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que el texto aprobado es "idéntico" al remitido en octubre al Parlamento, y añadió que entrará en vigor a tiempo para los 10 nombramientos previstos para enero.

El Ejecutivo calcula que el proyecto de ley, pese al retraso en su tramitación parlamentaria que implica esta nueva aprobación por el Consejo de Ministros, entrará en vigor antes de enero. Ese mes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegirá a nueve magistrados del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De ser así, esos nombramientos requerirán ya una mayoría de tres quintos (13 de 21 votos) del órgano de gobierno de los jueces, lo que impedirá lo que venía ocurriendo hasta ahora: la designación por sólo 11 votos, que coincide con los 10 elegidos a propuesta del PP y el del presidente. Fernández de la Vega lo dejó claro ayer al señalar que su deseo es que "la ley esté cuanto antes en el BOE para que los nombramientos que se produzcan en el ámbito del organigrama de los jueces sean cuanto antes por consenso".

El trámite parlamentario, según manifestó la vicepresidenta, depende de la decisión de las Mesas del Congreso y Senado. Fuentes parlamentarias estiman que, al tramitarse el proyecto por el método de lectura única, podría aprobarse en el pleno del Congreso del 9 de diciembre. Ayer mismo, el PSOE con el apoyo de todos los grupos menos el PP, presentó en el registro del Congreso la solicitud de un pleno para que el proyecto se apruebe por lectura única. El 14 de diciembre, la Mesa del Senado abrirá, previsiblemente, el plazo de vetos, y antes del 30 de diciembre lo aprobará el pleno de la Cámara alta.

Seguridad jurídica

La vicepresidenta primera aclaró tras el Consejo de Ministros que el Gobierno había optado por enviar de nuevo el proyecto de ley, en una sesión extraordinaria, para "evitar la polémica y dar seguridad jurídica a la tramitación del proyecto con independencia de lo que pudiera pensar cada uno de nosotros".

De este modo, el Gobierno zanja el debate abierto cuando, tras ser rechazado el proyecto de ley en el Congreso el pasado jueves, por no lograr la mayoría absoluta de 176 votos por la ausencia de 18 diputados socialistas, el PSOE, con el apoyo de otros cuatro grupos parlamentarios, propuso que la Mesa del Congreso introdujera una nueva votación del proyecto en el pleno del Congreso del jueves de esta semana. Ayer, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, calificó de "defecto de disciplina lamentable" lo sucedido el jueves en el Congreso.

La propuesta de repetir la votación contó con la oposición del PP y del presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín. Los populares adujeron que el proyecto había sido rechazado y no tenía otro camino que su regreso al Gobierno. Marín añadió que, en cualquier caso, no procedía una nueva votación en el pleno de este jueves porque el orden del día ya estaba aprobado, y para cambiarlo sería necesaria la unanimidad de los grupos; y el PP no lo admitiría.

La vicepresidenta evitó ayer entrar en la polémica y se limitó a señalar que no había "precedentes" de un caso similar. También destacó que el Gobierno había actuado con "autonomía". Fernández de la Vega estuvo reunida toda la tarde del domingo con su equipo en La Moncloa, y avanzada la tarde tomó la decisión, de acuerdo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, precisó que "el texto es inobjetable porque es bueno para que los nombramientos en la cúpula de nuestro sistema judicial cuenten con el mayor nivel de consenso y legitimación". También aclaró que el texto no debe ser remitido de nuevo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su informe porque "el proyecto de ley es exactamente igual al texto que ya fue objeto de trámite consultivo" por el mismo. Con ello, respondía al secretario general del PP, Ángel Acebes, que ayer exigió que el Gobierno remita el texto al CGPJ para que lo informe de nuevo.

Informe del "anteproyecto"

Según fuentes técnico-jurídicas del CGPJ, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "el CGPJ deberá informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las comunidades autónomas" sobre determinadas materias, pero nada dice sobre los proyectos de ley como el remitido ayer por el Gobierno al Parlamento, que ya fue informado cuando era anteproyecto de ley, informa Bonifacio de la Cuadra.

Por otra parte, en respuesta al portavoz del CGPJ, Enrique López, propuesto por el PP, que también ha pedido al Gobierno que remita al Consejo el texto prelegislativo ya informado, siete consejeros de la minoría, en su mayor parte propuestos por el PSOE, acusaron a López de filibusterismo y de pretender dificultar una reforma "que sólo se puede criticar desde posiciones sectarias para mantener una sesgada política de nombramientos".