La investigación y la empresa en España
Gracias al desarrollo económico y a las políticas aplicadas en la década de los ochenta del pasado siglo, la investigación española ha ido progresando desde el bajísimo nivel en que se encontraba durante la dictadura. Sin embargo, hemos avanzado mucho más en la investigación básica que en sus aplicaciones tecnológicas. Aún predomina en la empresa la tendencia a mal comprar técnica extranjera, e incluso a mal utilizarla después.
Es evidente que en España existe un problema cuantitativo de insuficiencia de esfuerzo en investigación, pero, más que aumentar sustancialmente las dotaciones públicas para investigación, es necesario asumir y abordar el desequilibrio estructural existente.
Es necesario que la innovación no dependa de tecnologías adquiridas en el exterior
Éste se produce porque las empresas ejecutan en España sólo un 52% de la investigación total, frente a una media del 65% en la Unión Europea y a cifras de más del 70% en los países más avanzados (78% Suecia, 74% EE UU, 71% Alemania). Al mismo tiempo, las universidades efectúan en España un 30% de la investigación total, frente a sólo el 21% en la UE y el 14% en los países más desarrollados, como EE UU y Japón.
Como consecuencia de este reparto, y dado el tipo de investigación que efectúa cada uno de dichos agentes, el escaso esfuerzo de I+D español está, en términos relativos, sobredimensionado. La investigación básica supone en España algo más del 20% del total, frente a cifras inferiores en los países más avanzados, mientras que al desarrollo tecnológico sólo se dedica en España un 41% del gasto total, frente a porcentajes que superan el 60% en otros países (por ejemplo, 61% en EE UU).
En consecuencia, el gran aumento de gasto en investigación que necesita España para aproximarse a los países más avanzados deben efectuarlo las empresas. Las políticas públicas tienen, pues, que centrarse en conseguir que las empresas consideren la investigación como un elemento fundamental de su estrategia de competitividad.
Por otra parte, el CSIC (1) tiene ya casi cien años de existencia y ha sido protagonista de la creación de ciencia en España; necesita, sin embargo, una reforma radical que lo transforme en un organismo más ágil y con una estructura menos burocratizada. Me atrevería a formular tres ideas sencillas al respecto:
- No puede estar integrado por funcionarios y con más de cincuenta años de edad media.
- El Consejo debe promover una ciencia libre que no tenga relación inmediata con las necesidades económicas del país. Pero también tiene que tenerlas en cuenta y colaborar con el sector productivo. Para ello puede, junto con otros organismos públicos de I+D, como, por ejemplo, el Ciemat (2), establecer mecanismos que fomenten la competencia científica de los investigadores de dicho sector.
- Es preciso dotar al Consejo de autonomía real, para lo que se necesita modificar su estructura presupuestaria y el modo de reclutamiento de su personal.
El crecimiento que sostiene el empleo procede de la competitividad basada fundamentalmente en la innovación, por lo que esta última debe ser uno de los objetivos fundamentales de la política económica española. Sin embargo, para que el crecimiento sea sostenible es necesario que la innovación no dependa, como hasta ahora, de tecnologías adquiridas del exterior o incorporadas a través de la importación de equipos y pase a ser una innovación tecnológica propia, generada a partir de una I+D orientada "de abajo arriba" por la demanda del mercado y de la sociedad.
Parece razonable, pues, la tendencia del proyecto de Presupuesto del 2005, que incrementa el esfuerzo financiero destinado a incentivar la I+D en las empresas, en mayor medida que el correspondiente a las OPI'S (3). Ello no obsta para que este último haya quedado corto y debiera aumentarse un tanto.
En la misma línea de pensamiento, quisiera hacer una reflexión sobre la posición española frente a las presiones para un aumento del gasto en investigación de la Unión Europea.
Aunque a primera vista pueda resultar paradójico, para apoyar la I+D en España es conveniente oponerse a un aumento de dotaciones para I+D en la Unión y, mucho más, a un posible presupuesto comunitario autónomo de investigación básica. La razón es doble:
- España obtiene unos retornos inferiores a su aportación al presupuesto comunitario de investigación, lo que implica que estamos financiando a investigadores de otros países más avanzados.
- Las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 de la UE incluyen tanto la investigación como la cohesión (fondos estructurales, etcétera) dentro de un mismo capítulo presupuestario denominado Crecimiento Sostenible. A España y a otros países con menor potencial de investigación les conviene minimizar el gasto en investigación comunitario para obtener unos mayores fondos estructurales, que puedan ser luego reconducidos internamente a la potenciación de la I+D doméstica.
En resumidas cuentas, y a modo de colofón de estas reflexiones, me gustaría resumir, telegráficamente, algunos puntos que me parecen esenciales para la reforma de la investigación española que se está planteando:
- Fomento del gasto interno en I+D en el mundo empresarial.
- Reforma profunda del CSIC.
- Apoyo a la internacionalización de la actividad investigadora española y promoción de la participación de científicos e ingenieros españoles en proyectos de I+D internacionales.
- Fomento de la colaboración tecnológica entre las empresas y las universidades.
- Conciertos para la creación de medios cooperativos de I+D por grupos sectoriales de empresas medianas.
- Una moderación en el calendario de las reformas en lo que concierne a la política de I+D del Estado. Elaboración de un Libro Blanco, consensuado con empresas y comunidades autónomas y, después, promulgación de una Ley de la Ciencia, quizá a primeros de 2006.
La apuesta española por el I+D+I es sobre
todo una cuestión de desequilibrio estructural
y no sólo de falta de aportación pública.
1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 3. Organismo Público de Investigación. Juan Manuel Kindelán es vicepresidente de la Fundación Gómez-Pardo, de la Escuela de Minas. Ex presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
