Las gestoras de aguas dejaron sin gastar el 63% del presupuesto en cuatro años
El secretario general de Biodiversidad y Ordenación del Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, quiso dejar un mensaje a los críticos con la política del agua del Gobierno. Serrano afirmó que, entre 2000 y 2003, las sociedades estatales de agua sólo invirtieron el 37% de los más de 4.000 millones de euros que tenían presupuestado para gestión y abastecimiento de agua.
"Cuando hablamos de la inversión, deberíamos mirar la mala situación que tenían las confederaciones hidrográficas y las sociedades estatales de agua cuando llegamos al ministerio", afirmó en una conferencia que impartió la semana pasada en el Congreso Nacional de Medio Ambiente.
De los más de 4.000 millones de euros que tenían presupuestado para inversiones las sociedades estatales de aguas, sólo invirtieron el 37% en los años 2000, 2001, 2002 y 2003 (ver gráfico). El grado de ejecución sube hasta el 54% en las confederaciones hidrográficas de agua (que tenían menos presupuesto) y al 89% en la dirección general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Serrano no quiso entrar en los motivos del bajo grado de ejecución aunque apuntó a "una mala política de personal". Fuentes del ministerio afirman que en algunas sociedades hubo enormes desfases presupuestarios.
Críticas a Acusur
Una de las sociedades estatales más criticadas es Acusur, adscrita a la Confederación Hidrográfica del Sur. Medio Ambiente afirmó en una respuesta parlamentaria de octubre que ha detectado "falta de captación de recursos" y una "significativa desviación presupuestaria en todas las obras" ejecutadas por Acusur. El ministerio ha encargado una auditoría sobre la empresa. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, denunció irregularidades en la empresa y el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, del PSOE, afirmó en mayo que Acusur había sido "la cueva de Alí Babá del PP".
En octubre, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur, Antonio Rodríguez Leal, anunció una ampliación de capital de la empresa de 30 millones de euros porque "no había dinero ni para pagar las nóminas" y aseguró que se encontraba en quiebra técnica. Añadió que las adjudicaciones de obras se hacían "a dedo".
En 2001, dos informes de la Intervención General del Estado reprochaban a la empresa estatal tener cuentas bancarias en ciudades ajenas a su ámbito territorial, como Toledo o Sevilla, y el ignorado paradero en el que estuvieron desde el 18 de diciembre de 1998 hasta el 8 de febrero de 1999 unos 2.000 millones de pesetas.
