Hambre de escuelas en Latinoamérica

Pocas regiones del mundo han experimentado transformaciones tan profundas como América Latina en tan poco tiempo. Hace apenas 25 años, buena parte de esta región se encontraba bajo regímenes autoritarios, y sus pueblos, al igual que el español poco antes, luchaban por la libertad. Hace poco más de dos décadas estalló la crisis de la deuda externa en México, extendiéndose rápidamente por todo el continente, y comenzó la llamada década perdida. Tras esta situación se dieron una serie de cambios políticos, económicos y sociales de gran calado. Por un lado, casi todos los países recuperaron la democracia y, por el otro, se pusieron en marcha una serie de reformas económicas e institucionales dentro del marco del llamado Consenso de Washington. La confianza en la mejora de las magnitudes macroeconómicas atrajo una suma elevada de inversiones extranjeras, destacando las provenientes de España, que se convirtió, a fines de los noventa, en la segunda fuente más importante de la llegada de capitales a la región. A la vez se llevó a cabo un ambicioso proceso de proyección exterior, que tuvo como resultado las Cumbres Iberoamericanas, el proceso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y la emergente Asociación Estratégica Euro-Latinoamericana lanzada en la Cumbre de Río de Janeiro, en 1999.

La región ha pasado de un periodo de desarrollo sin democracia a otro de democracia sin desarrollo

Latinoamérica parecía bien encaminada para salir de su situación de subdesarrollo y formar parte de un conjunto de países influyentes en la escena mundial. Sin embargo, a fines de 2004 esa situación no ha cuajado y presenta algunos riesgos que conviene evaluar en su justa medida. Por un lado, se ha extendido un desencanto preocupante con los gobiernos democráticos, puesto que la ciudadanía confió en la indisoluble relación entre derechos cívicos y progreso económico, que no siempre vino a la par. Según los datos del último sondeo recogido en el informe Democracia en América Latina: hacia una democracia de los ciudadanos, elaborado por el PNUD, más de la mitad de la población latinoamericana apoyaría un gobierno autoritario capaz de resolver problemas económicos. Por otro, a pesar de haber mejorado algo en los parámetros macroeconómicos, los países de la región no han logrado resolver una de sus características negativas más preocupantes: la desigualdad. Un lastre económico y social que se refleja en que el 44% de la población latinoamericana, unos 225 millones de personas, vive en una situación de pobreza. Una cifra que supera el 50% de la población en algunos países de la región y que demuestra la falta de relación automática entre el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza entre las personas.

Ambos aspectos, una democracia que no responde a las demandas ciudadanas y la exclusión social en economías que podrían ser más dinámicas, están muy interrelacionados en un círculo vicioso del cual Latinoamérica no ha sido todavía capaz de escapar. Como ha argumentado la socióloga brasileña Sonia Fleury recientemente, la región ha pasado de un periodo de desarrollo sin democracia en los años setenta a una situación actual de democracia sin desarrollo.

Pero al igual que esta región ha encarado antes otras transformaciones hondas, estoy convencida de que sus pueblos y gobiernos sabrán enfrentarse a los retos actuales, aunque es importante para ello que los esfuerzos latinoamericanos reciban un apoyo mayor y constante de la comunidad internacional.

En línea con las propuestas de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza -promovida por Lula-, hay que explorar mecanismos de financiación que servirán a la región para complementar la ayuda recibida. También se debe trabajar para reducir la carga de la deuda externa de los países latinoamericanos más endeudados. Como resultado de este problema, en los últimos años América Latina ha exportado mucho más capital en forma de pagos de intereses y devoluciones que lo que recibe de ayuda oficial al desarrollo. La relación entre el pago de la deuda y el bajo nivel de gasto social en los países en desarrollo es incuestionable.

La reciente Cumbre Iberoamericana ya ha dado el primer paso para atajar esta situación. España abrirá un marco de discusión para ofrecer algunas soluciones a los países con elevada deuda. La propuesta del Gobierno español significará utilizar el canje de deuda a cambio de desarrollo social de los ciudadanos y ciudadanas de los países muy endeudados, lo que supondría abrir una nueva vía de oportunidades en Latinoamérica. La propuesta del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, toma cuerpo al focalizar su incidencia en un problema de raíz: la dificultad de acceso a la educación de los grupos sociales más desfavorecidos.

Este avance debe suponer un apoyo para la dotación de capacidades y oportunidades del grupo social más abandonado, que sufre como causa y consecuencia la privación de toda instrucción pública, un mal endémico que perpetúa a generaciones enteras a vivir en situación de pobreza. En esta línea, Latinoamérica seguirá siendo una zona prioritaria en el destino de nuestra cooperación y recibirá más del 40% de nuestra ayuda oficial al desarrollo en los próximos años. Este compromiso viene dado por razones históricas, lingüísticas y culturales, pero además por la necesidad de responder a las bolsas de pobreza que habitan en estas sociedades y para aprovechar la experiencia española en materia de desarrollo en Latinoamérica. Al mismo tiempo, trabajaremos en la integración territorial de la región, como ilustra el Plan de Cooperación con Centroamérica, anunciado en la Cumbre de San José. Un plan que se ocupará del desarrollo de las instituciones regionales y de la mejora en la gobernabilidad, así como en la atención integral de las necesidades sociales básicas.

También es necesario un cambio en las reglas de juego del comercio internacional. Varios países de esta región abanderaron la oposición a la oferta poco generosa de los países ricos en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio del año pasado porque consideraron -con buenas razones por su parte- que uno de los principales frenos a su desarrollo es la falta de acceso a los mercados del Norte. El compromiso del Gobierno español manifestado en San José, con el que pretende impulsar un acuerdo entre la Unión Europea con Centroamérica, supondrá dar un mejor trato a la zona más pobre de la región.

Sin embargo, la comunidad iberoamericana debe ir más allá de las mejoras en las transacciones económicas y comerciales, y constituir el germen primario de la Alianza de las Civilizaciones, tal y como propuso el presidente del Gobierno español. Latinoamérica será un actor vital en la constitución de esta alianza por estar hecha desde la amalgama y el crisol de culturas propias y adoptadas; y por haberse formado a lo largo de los tiempos en la mezcla de pueblos, etnias y costumbres, que constituyen un caldo de cultivo que permitirá volcar todos estos ingredientes en la tarea de diálogo entre las sociedades del norte y las del sur del globo.

Para estos empeños también será muy útil la Secretaría Permanente de las cumbres iberoamericanas recién aprobada, que dará voz propia y unívoca a esta alianza de pueblos y estados iberoamericanos. Un paso más para fortalecer un sistema multilateral de decisiones, pero también de responsabilidades en la confección de un nuevo horizonte donde labrar sociedades más justas en cada uno de los continentes, tal y como establecen los objetivos del milenio. No queda mucho por inventar, sólo pasar a la práctica.

Leire Pajín es secretaria de Estado de Cooperación Internacional.