El PP de Guardamar adjudicó ilegalmente todo el suelo urbano

El 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de las elecciones municipales, el gobierno local de Guardamar del Segura, entonces del PP, convocó un pleno para aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Antes de esa fecha, en plena tramitación del nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se había ocupado de repartir la gran tarta urbanística de ese municipio costero -más de 15.000 nuevas viviendas- entre cuatro promotores, a quienes adjudicó casi todo el suelo urbano del pueblo. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado ilegal aquel reparto.

El ex alcalde fraguó una estrecha relación con los promotores

Conforme tramitaba el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento iba adjudicando los proyectos urbanísticos, la mayoría a cuatro promotores; tres de ellos, a agrupaciones de propietarios; y uno, a una unión de empresas creada por los promotores citados.

La ilegalidad de las adjudicaciones ha aflorado este mes de noviembre, tras el fallo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que estimó totalmente los recursos acumulados de una decena de propietarios de suelo afectados por uno de los planes urbanísticos adjudicados por el Consistorio.

El gobierno local aprobó, el 29 de junio de 2001, un programa de actuación integrada (PAI) y adjudicó la condición de urbanizador a la mercantil madrileña Urbanizadora ZO-4, SL. Un total de nueve propietarios de ese sector recurrieron el acuerdo plenario y el TSJ ha estimado la apelación.

Explica la sentencia que cuando el Ayuntamiento aprobó el PAI, se estaba tramitando la revisión del Plan General y las licencias se encontraban suspendidas desde que tal revisión se expuso al público, merced a un acuerdo municipal de 9 de septiembre de 1999. Según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) "la supensión de licencias implicará, también, la de los acuerdos aprobatorios de nuevos programas en la zona afectada".

Se trata, recuerda la sentencia, de la denominada suspensión automática de licencias por imperativo de la ley. "El Ayuntamiento no puede desentenderse de un mandato directo de la ley", dice el fallo.

El gobierno local se saltó otro artículo de la LRAU al adjudicar los planes urbanísticos, en concreto el 29, ya que el acuerdo aprobatorio del PAI se produjo antes del visto bueno de la Generalitat Valenciana a la homologación con ordenación pormenorizada del sector. El expediente de homologación, dice el TSJ, se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento el 1 de marzo de 2000, pero "no por la Administración competente".

El Tribunal que ha resuelto este caso saca los colores al anterior equipo de gobierno cuando le reprocha que el acuerdo podría no haberse adoptado de haberse atendido la "razonable" solicitud de un miembro de la Corporación (en la oposición), para que en la sesión plenaria informara la Secretaría del Ayuntamiento sobre la legalidad del acuerdo, "informe que no llegó a emitirse".

De la misma forma que este PAI se tramitaron todos los demás, cuyas adjudicaciones no llegaron a recurrirse y, por tanto, siguen teniendo validez. En la mayoría de los planes, los propietarios del suelo llegaron a acuerdos económicos con los promotores y no recurrieron y en otros los dueños de los terrenos se agruparon y obtuvieron las condición de agentes urbanizadores.

El ex alcalde del PP, Francisco García Gómez, fraguó una estrecha relación con los promotores, en especial con Miguel Montoro, afectado por la sentencia del PAI. Éste, a través de una de sus empresas, compró 46.675 metros cuadrados a una fundación benéfica de la que el alcalde era patrono por 3,6 millones de euros, en la partida del Oliverón, pese a que otros propietarios vendieron al doble de ese precio en las mismas fechas y en el mismo lugar.