Guerra 'preventiva' frente a las razones del Gobierno

CUANDO EN 2006 la diócesis de Valencia acoja el V Encuentro Mundial de las Familias, quizá la sociedad española ya no sea la que conocemos. Al amparo de la nueva ley que legalizará en breve el matrimonio entre homosexuales, surgirán nuevos modelos familiares que escapan al esquema actual. Ese escenario futuro puebla de pesadillas los sueños del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, sorprendido por la celeridad con que el Gobierno socialista ha puesto en marcha algunas de sus promesas electorales. Para el Ejecutivo, la legalización del matrimonio gay era una prioridad porque

viene a poner fin, alega, a una injusticia histórica, además de colmar las aspiraciones de igualdad de un

sector del país.

Del mismo modo, el regreso de la asignatura de religión a una condición subalterna en el currículo escolar da satisfacción a muchos padres españoles que vieron como un agravio comparativo que una materia, de alguna forma propagandística, tuviera tan elevado rango académico. La jerarquía católica española se ha sentido de inmediato agredida por dos iniciativas que golpean en la línea de flotación a la Iglesia, y ha puesto en marcha una defensa preventiva para evitar nuevas sorpresas desagradables. Y en su lista de agravios con el Ejecutivo ha incluido la futura ampliación de la despenalización del aborto a las primeras 12 semanas, la apertura tímida a la investigación con células madre embrionarias, e incluso una pretendida legalización de la eutanasia. Cuestión esta última tan importante que decidió a la Conferencia Episcopal a imprimir millones de folletos explicativos de lo que dicha norma representaba, con intención de distribuirlos en las parroquias.

El PSOE ha salido al paso de lo que, desde el Gobierno, se considera un ejercicio de victimismo de la Iglesia fuera de lugar. Ante todo, hay que diferenciar, dicen, los proyectos de ley que están en marcha (legalización del matrimonio homosexual), de los que no están previstos a medio plazo (reforma del aborto), y éstos, de los que ni siquiera se contemplan (legalización de la eutanasia y reforma de la financiación de la Iglesia). "Queremos decir desde el PSOE al señor Rouco que sí, que sí queremos diálogo, pero desde la verdad de las cosas", señaló hace unos días el secretario de organización y coordinador de la Ejecutiva socialista, José Blanco, en una reunión de la comisión federal del partido. Pero la verdad tiene matices y la cúpula católica ha tomado buena nota de la comprensión y simpatía con que el Gobierno socialista contempla la cuestión de la eutanasia. Ni a Rouco ni a los obispos se les ha pasado por alto la presencia del presidente Rodríguez Zapatero en el estreno hace unos meses de la película Mar adentro, una historia que recrea la batalla en defensa de su derecho a la eutanasia del tetrapléjico Ramón Sampedro.

Y, aunque no esté de momento en cartera, la posible revisión de la financiación de la Iglesia inquieta a los obispos. El tema lo han aireado algunos líderes socialistas y hasta sectores católicos críticos con la jerarquía. Hace unas semanas, un grupo de teólogos de izquierdas publicaron una carta abierta pidiendo a la Iglesia que renuncie a sus privilegios económicos y opte por la autofinanciación. En estos momentos, las sumas que los católicos entregan a la Iglesia a través del IRPF (un 0,52%) son insuficientes para la subsistencia de esta institución y el Estado completa lo que falta. Pero el presidente Zapatero no parece interesado, de momento, en hincarle el diente a esa cuestión. Al contrario, en una comparecencia parlamentaria, en octubre pasado, el jefe del Ejecutivo dejó claro que "el Gobierno socialista no tiene ninguna prisa en alterar esta situación de transitoriedad". Zapatero explicó que su concepto del Estado aconfesional incluye la "extensión de los derechos y las libertades individuales, con respecto a todas las confesiones religiosas", y la consideración de que "la fe no se legisla, la fe pertenece a la conciencia de cada persona". De momento, la Iglesia española conserva algunos privilegios que dependen de la buena voluntad del Ejecutivo. Por ejemplo, la exención del pago del IVA, cuya supresión reclama, hasta ahora sin éxito, la Comisión Europea. A cambio, aunque el trueque no se especifique, el presidente pide "a todo el mundo, que respete la voluntad que emana de esta Cámara, que es la ley, que es lo que cuenta en democracia".

El cardenal Rouco se mostró esta semana dispuesto a aceptar la rama de olivo que le tiende el Gobierno, pero mantiene al mismo tiempo en la reserva a su ejército católico, movilizado con no poco esfuerzo. Ya en su discurso ante los asistentes al Congreso del Apostolado Seglar, el 14 de noviembre, Rouco pronunció frases que sonaron casi a arenga. "¡No, no hay que tener miedo a ser testigos, a pesar de todas las incomprensiones y persecuciones que nos sobrevendrán!". "¡El futuro nos pertenece! ¡El futuro es del Evangelio!", dijo el arzobispo de Madrid, asumiendo un protagonismo obligado en esta batalla que se contempla atentamente desde el Vaticano.

Pero, ¿cuáles son los poderes de Rouco al frente de una Conferencia Episcopal en la que Cataluña y el País Vasco van por libre?, ¿cuál es la capacidad de movilización de una institución tan dividida? Los socialistas creen firmemente que una parte de la España católica está con ellos. "La inmensa mayoría de los cristianos y los católicos comparten las medidas del Gobierno, ya que la mayoría de ellas están en la esencia misma del cristianismo", se atrevió a decir José Blanco esta semana en un acto sobre la Constitución Europea.

Es un hecho que en la inmensa masa de la mayoría silenciosa hay un sector católico moderado que duda y espera disgustado por el nivel a veces ínfimo de la polémica. Son los partidarios de un Gobierno laico, neutral en cuestiones religiosas, que rechazan también los excesos del laicismo. Es difícil saber lo que piensa este sector de la batalla preventiva del cardenal Rouco. Difícil saber si espoleados por las críticas llegarán a convertirse en su ejército, o si se volverán contra el general desconfiando de su estrategia.