Mucho más que falta de profesionalidad

De falta de profesionalidad calificaba el editorial de EL PAÍS la ausencia de 56 diputados, pero sobre todo de 18 diputados socialistas, en la votación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En mi opinión, hay mucho más que falta de profesionalidad.

Hay, en primer lugar, falta de respeto al principio de legitimidad democrática del Estado. El Congreso de los Diputados es el órgano constitucional a través del cual se expresa institucionalmente dicho principio y es mediante la aprobación de una Ley Orgánica como dicho principio alcanza su máxima expresión. Si exceptuamos la reforma de la Constitución, no hay en nuestro ordenamiento una forma más intensa de manifestación de la voluntad del Estado que la Ley Orgánica.

Hay, en segundo lugar, un fallo clamoroso del Gobierno en el ejercicio de la primera de sus atribuciones constitucionales, "la dirección política", ya que caben pocas dudas de que en esa tarea de dirección política ocupa el primer lugar la política legislativa, el conseguir que las Cortes Generales aprueben las leyes y que las aprueben de acuerdo con el calendario que el Gobierno considera apropiado. Políticamente no es lo mismo que una ley se apruebe en un momento que en otro.

Hay, en tercer lugar, un fallo no menos clamoroso en la dirección del Grupo Parlamentario socialista y en la coordinación del mismo con el Gobierno.

Hay, por último, una falta de profesionalidad de los parlamentarios que no estuvieron presentes en el Congreso en una votación de tanta importancia. De todos en general, pero de los socialistas en particular.

No creo, en consecuencia, que lo ocurrido el pasado jueves pueda considerarse un simple incidente y que pueda ser resuelto con una multa de 120 euros a los parlamentarios que no justifiquen su ausencia. Lo que ha ocurrido es, política y parlamentariamente, una catástrofe. Se ha faltado el respeto a los ciudadanos, se ha descuidado la primera tarea que la Constitución atribuye al Gobierno, se ha fracasado en la dirección del Grupo Parlamentario y en la coordinación de éste con el Gobierno y se ha evidenciado una relajación en el cumplimiento de sus obligaciones por un número extraordinariamente alto de parlamentarios socialistas.

Todo esto es lo que ha ocurrido. No puede resolverse con 120 euros de multa. El Gobierno y el Grupo Parlamentario socialista tienen, en primer lugar, que pedir disculpas a los ciudadanos y, en segundo lugar, tienen que dar garantías de que lo sucedido el pasado jueves no volverá a repetirse.

Han sido demasiados los fallos que se han cometido como para que no se enciendan las luces de alarma en la dirección del partido socialista. Entre otras cosas porque lo ocurrido el jueves es un aviso único. En este caso no es verdad que a la tercera va la vencida. Aquí la vencida va a la segunda. Una repetición de lo ocurrido el jueves arruinaría la legislatura de manera inexorable y liquidaría cualquier posibilidad de que se pudiera alcanzar el objetivo de reformar la Constitución, que es uno de los compromisos electorales más importantes contraídos por el partido socialista y, al mismo tiempo, una de las pocas asignaturas pendientes que todavía le queda por aprobar a la sociedad española en su dilatada y azarosa experiencia constitucional.

La forma en que se reacciona frente a los errores es el mejor indicador de la salud de un sistema político democrático en general y de sus instituciones en particular. Hay errores que no se deberían cometer nunca, pero una vez que se han cometido, hay que analizarlos y extraer todas las consecuencias políticas y organizativas que eviten su repetición. Por más dolorosas que sean.