El Gobierno intentará forzar otra votación en el Congreso tras la fallida reforma judicial

El Gobierno pidió ayer "disculpas" por la comisión de un "error involuntario" al no poder reunir el jueves pasado los votos suficientes, por la ausencia, entre otros, de 18 diputados socialistas para sacar adelante la Ley Orgánica de Reforma Judicial. Asegura que "existen cauces" para que el texto se apruebe "cuanto antes". Su estrategia es forzar una segunda votación el 2 de diciembre en el Congreso. Para ello, el PSOE ha pedido ya que se modifique el orden del Pleno de la próxima semana. Fuentes de la Presidencia del Congreso advierten de que esa modificación será imposible sin el acuerdo de todos los grupos.

El Gobierno insiste en que la reforma legal para cambiar el sistema de nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores autonómicos es "importante y urgente". La proximidad del relevo de una decena de magistrados del Supremo, por parte del Consejo del Poder Judicial, explica las prisas con las que el Ejecutivo pretende tramitar esta reforma legal para consagrar que los nombramientos tengan que hacerse por tres quintos de los miembros del Consejo (13 de los 21 que lo integran) y no por mayoría simple (11) como hasta ahora, mayoría simple que coincide con los vocales del sector conservador del Consejo.

Tras el fiasco del jueves en el Parlamento -se necesitaban 176 votos y sólo se alcanzaron 169 dada la ausencia de numerosos diputados-, el enfrentamiento entre Gobierno y Grupo Socialista, por un lado, y la Presidencia de la Cámara se hizo ayer patente.

El Grupo Socialista, junto con ERC, PNV, IV y parte del Grupo Mixto, presentó el mismo jueves un escrito dirigido al presidente del Congreso, Manuel Marín, para que se modifique el orden del día del próximo jueves y se introduzca de nuevo la reforma de la Ley del Poder Judicial para votarla por segunda vez.

Ayer por la mañana fuentes próximas a la presidencia hicieron saber, de manera oficiosa, que "la práctica constante exige la unanimidad de todos los grupos para modificar el orden del día, y esta unanimidad no aparece en el escrito que se presentó el jueves". Faltan CiU y Coalición Canaria y, por supuesto, el PP, que se opondrá con absoluta seguridad.

El último precedente

El orden del día de los plenos se establece la semana anterior, y, por tanto, el de la semana próxima quedó fijado el martes pasado. Fuentes de la presidencia añadieron que no hay un solo precedente de cambio sin unanimidad de los grupos, y eso se explica para preservar a las minorías de posibles veleidades de los grupos mayoritarios. Aun suponiendo que todos los demás estuviesen de acuerdo, el PP sería la minoría en esta ocasión.

El 19 de octubre pasado, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, que ahora clama contra la petición del PSOE y otros cuatro grupos de modificar el orden del día, lo intentó sin éxito. Presidía la vicepresidenta primera del Congreso, Carme Chacón, y Zaplana le pidió que se modificase el orden del día para incluir una declaración del Congreso contra la expulsión de Cuba del diputado popular Jorge Moragas. Chacón, pese a la insistencia del portavoz popular, se mantuvo firme y le recordó que para modificar el orden del día "se requiere la unanimidad de todos los portavoces".

Las prisas del Gobierno se convierten en urgencia perentoria para su propósito porque la semana del 6 al 11 de diciembre no hay pleno por la fiesta de la Constitución, por lo que, si el asunto de la nueva votación se introdujese normalmente en el orden del día, sólo podría debatirse en la semana del 13 al 18 de diciembre.

El fondo del problema es más complicado. El Gobierno y el PSOE entienden que el proyecto fallido sigue vivo y que basta con repetir la votación para darle carácter orgánico. El PP sostiene que el proyecto ha decaído al ser "rechazado" por el pleno, según el artículo 150 del Reglamento.

Fuentes parlamentarias aseguraron ayer que los servicios jurídicos de la Cámara están elaborando un informe que estará listo el lunes por la tarde, pero, en principio, sostienen, según estas fuentes, que no es posible repetir la votación porque se eligió la vía de la lectura única, sin que pasara por ponencia y por comisión, sino que fue directamente al Pleno, y el artículo 150 del Reglamento establece que si la votación para darle carácter orgánico a una ley tramitada de esta forma no logra la mayoría absoluta de la Cámara, el proyecto "quedará rechazado".

El PSOE argumenta que en la tramitación ordinaria, si no se alcanza la mayoría absoluta, entonces se devuelve a comisión, y, como en este caso no ha pasado por comisión, sino sólo por el Pleno, es éste el que puede volver a votarlo.

Según las mismas fuentes, el dictamen jurídico recogería el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos y que, por tanto, elegida la vía de la tramitación sólo en el Pleno, hay que pechar con las consecuencias y no intentar beneficiarse de las soluciones que ofrece una vía que se desechó.

Las prisas del Ejecutivo

Frente a la postura de la presidencia del Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se mantiene firme en la decisión de repetir la votación fallida. La de ayer fue su comparecencia más delicada tras un Consejo de Ministros, desde que el Ejecutivo tomó posesión en abril. La situación creada por el resbalón del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, primero, y el fracaso de la votación en el Congreso por la ausencia, entre otros, de 18 diputados socialistas, ocupó buena parte de la rueda de prensa de ayer.

El Gobierno da prioridad al fondo frente al procedimiento, a la hora de sacar adelante una reforma tan "importante" que afecta al nombramiento de los altos cargos de la magistratura. Fernández de la Vega, que había apostado personalmente en el Consejo de Ministros por cambiar el sistema de elección para evitar el copo de los sectores conservadores, aseguró ayer que hay fórmulas legales para que la ley vuelva a votarse con urgencia y entre en vigor antes de que se elijan nuevos magistrados.

El Ejecutivo defiende que es posible el cambio del orden del día para introducir la nueva votación del proyecto de ley en el pleno del próximo jueves porque lo suscriben todos los partidos, menos el PP. La Moncloa señala que la exigencia de unanimidad es para defender a las minorías y que éstas no se vean sorprendidas, "lo que no sucede en este caso".

También sostiene que el pasado jueves, antes de la votación fallida, la mayoría del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad del PP, que reclamaba la devolución al Ejecutivo del proyecto de reforma de la ley judicial. "Si el Congreso rechazó la devolución al Gobierno del proyecto, éste tiene que volver a la comisión correspondiente, pero al no haber pasado por comisión por tramitarse por lectura única, es ahora competencia del pleno de la Cámara", señalaban ayer fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta primera, aunque aseveró que el Ejecutivo tiene claro cuál era el procedimiento legal para lograr que la próxima semana se vote otra vez el proyecto de reforma, insistió en que "los mecanismos concretos debe decidirlos la Mesa del Parlamento". "El procedimiento es algo que debe resolver la Mesa. No es el momento de hacer juicios precipitados. El Gobierno hará un pronunciamiento definitivo cuando la Mesa del Congreso tome una decisión el próximo martes".