Los paramilitares colombianos empiezan a entregar las armas

Sobre una mesa colocada en la cancha de fútbol del caserío El Dos del municipio de Turbo, al norte de Colombia, quedaron las armas de 452 paramilitares del Bloque Bananero, que ayer se desmovilizó. Fue un acto lleno de símbolos que terminó con el abrazo de los verdugos a sus víctimas. Salvatore Mancuso, comandante de los grupos paramilitares cuya extradición reclama Estados Unidos, asistió al acto y aseguró que lo importante es "mirar los hechos de paz".

En 10 años en que impusieron su ley en esta región bananera de Urabá, el Bloque dejó más de 500 muertos en varios asesinatos colectivos. Esta desmovilización es la primera de una serie de 11 que hasta finales del año tiene previsto sacar de la guerra a 3.000 hombres y mujeres. Para el obispo Germán García, fue un espacio "de reconciliación y perdón".

Entre los 450 hombres y mujeres que entregaron sus armas había ex guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL). Este grupo de inspiración maoísta se desmovilizó en 1991 y la mayor organización guerrillera del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le declararó la guerra. Hernando Hernández, el comandante del bloque desintegrado, un hombre de 37 años que hace 12 se volvió para y ha sobrevivido a dos atentados, fue el primero en entregar su fusil. Intentó dárselo a una víctima de las acciones paramilitares, un hombre que prefirió pasarlo a las manos del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien presidió el acto en nombre del Gobierno.

A su lado estaban el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sergio Caramagna, autoridades regionales y locales, y dos comandantes del Estado Mayor de los paramilitares: Ernesto Báez y Salvatore Mancuso. "Se abre una etapa difícil, compleja, pero vale la pena correr el riesgo", dijo Caramagna, quien coordina la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia, creada por la OEA.

El paramilitar Mancuso llegó poco después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar su extradición a Estados Unidos, al igual que la del desaparecido comandante para Carlos Castaño -desde el pasado abril nadie sabe a ciencia cierta si está vivo o muerto- y del guerrillero de las FARC Simón Trinidad, detenido en enero pasado. Los tres han sido reclamados por tribunales norteamericanos por delitos relacionados con el narcotráfico.

"El proceso continúa igual", dijo Mancuso, "empeñémonos en mirar los hechos de paz". Asegura que está tranquilo. Las órdenes de captura contra él están suspendidas y hace 15 días que tiene permiso para recorrer el país visitando la tropa que se desmovilizará antes de finalizar el año.

Las extradiciones de Castaño y Mancuso estaban en estudio desde 2003. EE UU ha repetido que no se echará atrás en su decisión. Pero la última palabra la tiene el presidente colombiano. Él decide si extradita o no. En la mesa de diálogo, el comisionado de paz ha dicho que si se muestra verdadera voluntad de paz esta herramienta no será utilizada.

El caso de Simón Trinidad es diferente porque las FARC no están en el proceso de paz. "El Gobierno trata de intimidar con la extradición porque no ha podido demostrar nada contra él jurídicamente", declaró a este periódico Óscar Emilio Silva, abogado del guerrillero. Silva cree que si el Gobierno extradita a su defendido se descarta cualquier posibilidad de un acuerdo que permita un intercambio de guerrilleros presos por secuestrados políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. El presidente tiene 60 días para pronunciarse, pero la previsión es que tome una decisión en las dos semanas siguientes al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.