La ausencia de 18 diputados socialistas impide la reforma de la elección de jueces

La reforma del procedimiento de elección de los más importantes cargos de la judicatura -pasando de la mayoría simple actual a los tres quintos del Consejo del Poder Judicial- embarrancó ayer en el Congreso por la ausencia de 34 diputados de los siete grupos, todos menos el PP, que apoyaban una reforma en la que el Gobierno había puesto toda la carne en el asador, tramitándola por el procedimiento de máxima urgencia. El carácter orgánico de la ley exigía la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, pero sólo consiguió 169. La ausencia de 18 diputados socialistas fue determinante para el fracaso.

El embrollo jurídico que supone este revés para el Gobierno tendrá importantes consecuencias políticas. El PP, por boca de su portavoz, Eduardo Zaplana, advirtió de que su grupo no tolerará otra fórmula que el envío de un nuevo proyecto por parte del Gobierno, por entender, de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento, que el proyecto de reforma ha quedado "rechazado". Fuentes del Grupo Popular aseguraron que si el PSOE "perpetra su cacicada será en ausencia de los diputados del PP en la nueva votación que pretenden".

El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba argumentó que cuando una ley orgánica no alcanza el refrendo en la última votación para otorgarle ese especial carácter, el Reglamento condece una segunda oportunidad. Anoche mismo, PSOE, ERC, PNV, IV y Grupo Mixto presentaron un escrito para modificar el orden del día del Pleno del 2 de diciembre para repetir la votación del conjunto del texto, que le otorgue carácter de ley orgánica. Fuentes socialistas aseguraron que CiU y CC , con toda probabilidad, lo firmarán hoy.

Embrollo jurídico

El embrollo jurídico carece de precedentes, ya que es la primera vez que un proyecto de ley tramitado en lectura única, es decir directamente en el Pleno, sin haber pasado por ponencia ni comisión, no alcanza la mayoría absoluta exigida por para las leyes orgánicas.

Fuentes jurídicas de la Cámara explicaron que lo ocurrido exigiría "inventar un procedimiento nuevo" ya que, en su opinión, la vía elegida de la lectura única, "no ofrece ninguna base reglamentaria para una nueva votación". El proyecto "no puede decirse técnicamente que haya sido devuelto al Gobierno, porque superó con creces la votación de la enmienda de totalidad que había presentado el PP, [165 contra la enmienda, frente a 127 del PP] pero, no ha sido aprobado finalmente. El procedimiento elegido", según estas fuentes, "supone que te la juegas a todo o nada, por lo que la solución más razonable sería que el Gobierno vuelva a tomar la iniciativa enviando otro proyecto".

Tras este aparente galimatías jurídico, aparecen con toda su fuerza los intereses políticos. Aunque todos sus portavoces lo niegan, el PSOE habría utilizado el procedimiento más urgente para evitar que la mayoría conservadora del Poder Judicial siguiera imponiendo la mayoría simple que exige ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin pactar con los demás, para la renovación de cargos en el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, que se producirán por sucesivas jubilaciones en los dos próximos meses. El PP -y también lo niegan aquellos a quienes se pregunta- pretendía que ese sistema se mantuviese, de modo que la mayoría simple, afín a su ideología, impusiera su criterio en los nombramientos.

El debate del texto de la reforma consumió tres horas y media con una de las escasísimas confrontaciones de altura parlamentaria que depara el actual Congreso. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el portavoz de Justicia popular, Ignacio Astarloa, se enfrentaron con formas de seda pero con dureza de acero. Astarloa descartó cualquier posibilidad de entendimiento con el PSOE en materia de justicia para el resto de la legislatura. López Aguilar le aseguró que seguiría contando con el PP; y Astarloa le espetó: "No me convoque porque no voy a ir". Le dijo también que la actitud del PSOE suponía una paralización en este terreno, y López Aguilar concluyó que seguirán trabajando y que las reformas venideras "se harán con usted o sin usted". Tras lo ocurrido en la votación, las proporciones del enfrentamiento político pueden ser colosales.

Previamente a este debate, el pleno aprobó la reforma del Consejo de Estado, el máximo órgano consultor del Gobierno.