El Gobierno multó al Ayuntamiento de Rincón por la ocupación de cauces tras la riada de 2001

El Consejo de Ministros sancionó al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con una multa de 529.000 euros y la obligatoriedad de restituir la zona de dominio público hidráulico en el arroyo Totalán que habían sido invadidas por las obras de un centro comercial y fueron en buena parte las causantes de las inundaciones de septiembre de 2001. Nada se ha cumplido, según denunció ayer IU, lo que ocasiona un serio riesgo para la población, como se evidenció en las inundaciones del pasado mes de marzo, que afectaron esencialmente a otros cauces de la ciudad.

El coordinador provincial de IU en Málaga, José Antonio Castro, entregó ayer a la Fiscalía la documentación relativa al expediente sancionador resuelto el 20 de septiembre de 2002 por el Consejo de Ministros y acusó al equipo municipal de Gobierno de haber ocultado la información al respecto pese a la gravedad de las inundaciones que se repitieron el pasado mes de marzo, aunque "afortunadamente la gota no afectó de lleno al arroyo Totatán".

Para Castro, el asunto es "muy grave" y Rincón de la Victoria se ha convertido en un "paradigma de la especulación urbanística en la que ya hablamos de que está en riesgo la integridad física de los vecinos".

La Fiscalía tiene que decidir en una semana si remite a un juzgado para la instrucción de una causa penal o archiva las diligencias informativas que abrió el pasado mes de julio sobre las inundaciones del pasado marzo. Un colectivo ciudadano denunció que las causas de las inundaciones del pasado 28 de marzo fueron la ocupación de cauces y las deficientes obras de encauzamiento realizadas por la Confederación Hidrográfica del Sur en los numerosos arroyos que cruzan la ciudad.

IU acusó ayer al actual equipo de gobierno, formado por PSOE y PP, de estar tapando la verdad. Ya hace tres semanas, la federación entregó también a la Fiscalía el informe sobre las denuncias realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por obras sin licencia de movimiento de tierra para la urbanización Parque Victoria, que alteraron los cauces. El equipo de Gobierno aseguró desconocer aquellas denuncias, pero IU asegura que no es así, porque en el expediente constan las alegaciones que realizó el Ayuntamiento que preside el socialista José Domínguez Palma.

El gobierno municipal presentó las alegaciones el 29 de septiembre de 2003 acompañadas de una certificación del concejal de Urbanismo, Francisco Salado (PP) en la que certificaba que las obras realizadas en Parque Victoria contaban con autorización municipal.

La misma situación de ocultación, según Castro, se da en el caso de la sanción impuesta por el Consejo de Ministros, con el agravante de que tampoco la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) tiene constancia de si se cumplió o no la sanción, pese a que fue la instructora del expediente.

El 20 de septiembre de 2002, el Consejo de Ministros impuso al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria una multa de 300.506 euros y la obligación de indemnizar con 229.702 los daños ocasionados al dominio público. Además, el Gobierno decretó también que el consistorio tenía la obligación de devolver el cauce del río Totalán a su estado primitivo, algo que no ha ocurrido.

Según el expediente sancionador, las obras de construcción del centro comercial Victoria y de la carretera de Totalán invadieron 2.548 metros cuadrados de cauce del río. Entre otras deficiencias, la inspección de la CHS comprobó que se habían demolido terraplenes y dos muros de contención, retirado rellenos y construido una glorieta, que habían alterado de forma notable el estado natural del cauce.

El entonces alcalde, José María Gómez Muñoz, presentó alegaciones en las que eximía de responsabilidad al consistorio, que fueron rechazadas por el Ministerio de Medio Ambiente.