El Gobierno envía al Parlamento una traducción nueva de la ley de Suelo

El Gobierno hizo llegar el lunes al Parlamento una nueva traducción al euskera de la ley de Suelo, después de que tanto un grupo parlamentario como el equipo de traductores de la Cámara consideraran inservible el texto inicial. El proyecto de ley tardó cuatro semanas ser remitido a la Cámara tras su aprobación en consejo de Gobierno por problemas que el Departamento de Vivienda achacó a las dificultades de la versión en euskera por la complejidad de la ley. En esta ocasión, la nueva traducción se ha realizado en sólo una semana, después de que el viernes 12 de noviembre el grupo de la ilegalizada Batasuna (SA) pidiera a la Mesa de la Cámara que reclamara del Ejecutivo un texto "comprensible" para trabajar sus enmiendas y el servicio de traducción del Parlamento lo requiriera también.

Esa petición de SA decayó en la reunión de la Mesa ayer porque el lunes el Gobierno envió la segunda traducción. Al parecer, la primera versión fue efectuada por una empresa privada que trabaja habitualmente para el Gobierno. La nueva traducción la han efectuado traductores de plantilla del Ejecutivo, aseguraron fuentes del Departamento de Vivienda.

Esas mismas fuentes explicaron que los proyectos de ley se envían siempre al servicio central de traducción del Gobierno, dependiente del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), enclavado a su vez en el Departamento de Hacienda y Función Pública, del que es titular la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Vivienda no ha tenido nada que ver con la traducción, aseguraron sus fuentes, salvo en el envío del texto en castellano desde su Dirección de Servicios.

Valor legal

El episodio reviste gravedad no sólo porque el texto haya revelado graves carencias en la calidad del trabajo de traducción enviado desde el Gobierno al Parlamento, sino porque la versión en euskera tiene valor legal por sí misma, por lo que cualquiera podría apelar a ella, a cualquier elemento confuso, ambiguo o diferente, para hacer una lectura a conveniencia de cualquier ley.

El responsable del Servicio de Traducción del Gobierno, Eneko Oregi, al que dirigió su reclamación la Cámara, declinó ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.

La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, aseguró por su parte desconocer cualquier extremo relativo a esta situación, que nunca se había producido antes con un proyecto de ley. Azkarate señaló que la traducción de los proyectos de ley es competencia de cada departamento, en contradicción con lo que sostiene el Departamento de Vivienda.

El PP se acogió el lunes a la existencia de esta nueva traducción de la ley al euskera para fortalecer su petición de una ampliación del plazo para poder leerla, en una actuación que Vivienda achaca al interés de ese partido en que no se apruebe esta ley, porque "acaba con la especulación y favorece la vivienda protegida".