La Universitat arrastra un desfase presupuestario mayor al previsto en mayo

La creación en marzo de una nueva agencia nacional de evaluación de los servicios públicos ha tenido un efecto de bola de nieve en la Administración valenciana. El presidente Camps instó el lunes a los rectores a poner el contador de las deudas a cero ya, para poder aplicar el "modelo de financiación definitivo" en julio de 2005. Esto ha aflorado 10 millones más de "desfase presupuestario" que los 24 previstos en mayo en las cuentas de la Universitat de València.

La decisión del presidente Zapatero de "evaluar la eficacia y funcionamiento de todos los servicios públicos", especialmente en lo que concierne a la ejecución del presupuestos y programas tanto nacionales como financiados como fondos europeos -mediante una Agencia de Calidad que entrará en marcha en marzo de 2005, según el decreto hecho público el domingo [ver EL PAÍS del 21 de noviembre]- ha tenido un impacto inmediato en las administraciones autonómicas (que también formarán parte de la citada agencia). Esto fuerza tanto al Consell como a las universidades públicas valencianas a "racionalizar" al máximo los recursos y a poner el contador a cero en todo lo que se refiere a "deudas", "impagados" o "pólizas de crédito" derivadas de los retrasos de la propia Administración, lo que afecta directamente a las cuentas de las instituciones académicas, pero también de los departamentos o consejerías de la Generalitat implicados.

De manera que la aplicación del acuerdo de Prórroga Plurianual de Financiación 2004/2006 elaborado en mayo por los rectores y al que el presidente Francisco Camps apenas dio luz verde el lunes obliga a las universidades a poner sobre el tapete todas las "deudas". Y en el caso de la Universitat de València, la de mayor dimensión, se ha revelado "mayor de lo previsto cuando se elaboró el documento de los rectores" situándose a fecha de ayer "en 34 millones", según explicó el rector Francisco Tomás en conferencia de prensa, durante del Consejo de Gobierno que debía aprobar el último informe económico financiero del gerente Joan Oltra.

"Estamos hablando 24 millones de euros de deuda de obligaciones reconocidas por organismos del Consell y el Estado que no se han hecho efectivos", que el rector Tomás calificó de "normales en el ejercicio económico", ya que el ciclo universitario corresponde a dos anualidades y por tanto se adelantan unos pagos y se reembolsan mediante operaciones autorizadas por la Administración. Y, por otra parte, de "desfases presupuestarios que afectan a otros ejercicios anteriores a 2003, que suponen una necesidad de recursos adicionales de unos 10 millones más, algunos no previstos -subrayó- cuando los rectores elaboraron en mayo el acuerdo de prórroga". De manera que, según explicó el rector, en este apartado entran desde "financiación por objetivos de 2003 por pagar", hasta "goteos de alguna subvención o acuerdos que se adoptaron entre Universitat y algunas consejerías en otros ejercicios que, por dificultad de gestión o inercias, no se han hecho efectivas". Entre ellas, citó "gastos vinculados a pólizas de crédito que se han tenido que articular cuando se ha hecho necesario el equilibrio de tesorería, reconocidos por Generalitat que no se han hecho efectivos".

En total, la "deuda" asciende a 41 millones de euros, de los cuales "más de la mitad corresponden a ejercicios económicos anteriores y el resto son de este año", explicó el rector, quien, no obstante, subrayó que "de no haberse alcanzado el acuerdo con el presidente Camps el lunes la situación era crítica". Mientras, la situación será "delicada", pero permitirá "resolver este aspecto y prorrogar el modelo de financiación hasta julio de 2005", fecha en la que entrará en vigor un nuevo "modelo, más sencillo", pero que evite que él o el rector que le suceda tenga que "capear esta crisis".