Los municipios reaccionan al aviso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó esta semana a España por su pasividad ante los ruidos nocturnos que sufren los vecinos de un barrio de Valencia. La sentencia es el resultado de la lucha jurídica de una vecina que no se conformó con las resoluciones de los tribunales españoles y ha sido acogida con interés por la mayoría de los ayuntamientos andaluces, que saben que si no ponen medidas para evitar los efectos secundarios de la movida cualquiera de ellos puede ser el próximo condenado.

El Ayuntamiento de Sevilla ya recibió un rapapolvo serio en enero de 2002, cuando el TSJA admitió la demanda que interpuso en 1997 una asociación de vecinos del barrio de El Arenal y reconoció la "pasividad" del gobierno municipal para afrontar los problemas que ocasiona el botellón. La actual edil de Medio Ambiente, Cristina Vega (PSOE), señala que la sentencia del tribunal europeo puede marcar "un antes y un después", pero asegura que el ayuntamiento sevillano "no está actuando en contra de derecho". "No se nos puede acusar de no actuar. Incoamos muchos expedientes a locales por exceso de ruido, otra cosa es que eso resulte o no suficiente".

El Ayuntamiento de Málaga, que según datos del Instituto Nacional de Estadística es la segunda ciudad más ruidosa de España tras Valencia, trabaja ya en la revisión de sus ordenanzas sobre la materia. La edil de Medio Ambiente, Patricia Marín, ha anunciado que se actuará "muy severamente".

Para la concejal de Juventud de Almería, Rosario Soto, la sentencia de Estrasburgo viene a demostrar "que tal vez se debería aplicar a rajatabla lo que las distintas ordenanzas municipales contemplan". Aunque la edil reconoce que es "muy difícil" conciliar el derecho al ocio y al descanso.

Por su parte, el responsable municipal de Medio Ambiente, José Luis Gallardo, cree que la insistente vecina de Valencia ha ganado una "guerra moral". "Se lo merecía y lo lamentable es que ningún legislador en España se haya dado cuenta de que lo que demandaba era justo y ha tenido que ser un juez de los más alto de la jerarquía legal el que haya dejado claro que prevalece el derecho al descanso por encima del derecho al ocio", señaló.

El edil de Policía, de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, también cree que "lo ideal" es conciliar ambos derechos. "Pero es algo difícil", admite García Anguita, quien no quiso valorar la sentencia de Estasburgo. De momento, esta semana se ha presentado en Jaén un novedoso sistema remoto de control de ruidos que va a facilitar el trabajo de la Patrulla Verde de la Policía Local, la encargada de realizar las inspecciones.

El SIAC (Sistema de Inspección de Actividades Clasificadas) hace que los datos generados por los limitadores de presión sonora se envíen sistemáticamente vía SMS a un servidor de Internet que los analiza de forma inmediata y, si se produjera alguna incidencia en una instalación, los servicios técnicos municipales de inspección la recibirían en menos de 24 horas.

Las informaciones de las páginas 8 y 9 han sido elaboradas por María José López Díaz (Almería), Fernando Pérez Monguió (Cádiz), Manuel Planelles (Córdoba), Manuel Altozano (Granada), Lucía Vallellano (Huelva), Ginés Donaire (Jaén), Juana Viúdez (Málaga) y Reyes Rincón (Sevilla).