La Eurocámara pide explicaciones sobre la condena al comisario Barrot

Jacques Barrot, el nuevo comisario francés de Transportes, fue condenado a ocho meses de cárcel en 2000 por irregularidades en la financiación de su partido, y amnistiado por el presidente Jacques Chirac al llegar al Elíseo en 1995. La amnistía incluye el sobreseimiento de la causa, por lo que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, no tuvo conocimiento del avatar jurídico de su comisario hasta el jueves.

Ayer, un portavoz de la Comisión anunció que Barroso reiteraba su plena confianza política en Barrot, mientras los euroescépticos británicos exigían la destitución del comisario, los liberales subrayaban que Barrot no podría ocupar un cargo público en mucho Estados de la UE y los socialistas pedían aclaraciones.

La primera alerta sobre el desconocido pasado judicial de Barrot fue lanzada durante el pleno del Parlamento Europeo del jueves en que se discutió y aprobó la nueva Comisión de Barroso. La denuncia del diputado euroescéptico Nigel Farage fue atronadoramente repudiada por todos los líderes de los grupos de la Eurocámara y se tomó como una anecdótica estridencia, propia de quienes la habían aireado. En la conferencia de prensa conjunta del presidente del Parlamento, Josep Borrell, y de Barroso ni se llegó a plantear la cuestión.

La presión sobre Barrot se incrementó explosivamente ayer mientras en Bruselas se recordaba cómo la comisaria designada letona Ingrida Ugre saltó en medio de alegaciones sobre financiación ilegal de su partido.

Barrot fue condenado en 2000 por abuso de confianza en un caso de financiación de su partido, el Centro de los Demócratas Sociales (CDS), aliado político de Jacques Chirac, de quien Barrot es amigo y confidente. Hasta 1991 no hubo en Francia ley sobre financiación de partidos y muchos de sus líderes pasaron luego por el banquillo acusados de irregularidades de distinta gravedad. La que afectó a Barrot, como secretario general del CDS, fue considerada responsabilidad colectiva por el tribunal, sin lucro personal. No obstante, le fue impuesta una pena de ocho meses de cárcel que automáticamente fue anulada en virtud de la amnistía de 1995 para sentencias inferiores a nueve meses.

En la legislación francesa, la amnistía conlleva el silencio sobre la causa, que el Gobierno francés y el propio Barrot aplicaron estrictamente en sus negociaciones con Barroso para la formación de la nueva Comisión.