La policía investiga si cuatro arrestados participaron en nueve asesinatos de ETA

La policía investiga si cuatro de los detenidos acusados de integrar el aparato de infraestructura de la organización terrorista formaron parte del comando Urbasa de ETA que entre 2000 y 2003 cometió nueve asesinatos, entre ellos el del miembro de ¡Basta Ya! Joseba Pagazaurtundua, el del presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, y el del empresario José María Korta. La confesión ante la policía de Ibon Urrestarazu, arrestado el martes en Ordizia junto a su compañera Alaitz Iturrioz, de haber participado en nueve asesinatos es el hilo conductor de la investigación. La policía busca tres pistolas empleadas en los asesinatos de Pagazaurtundua, en febrero de 2003; Abad, mayo de 2001, y de dos ertzainas en Beasain, en 2001.

La Comisaría General de Información inició el pasado martes una operación contra el aparato de captación e infraestructura de la banda terrorista en la que hasta ahora han sido detenidas 19 personas. De los 14 que han pasado ya a disposición de la Audiencia Nacional, el juez encargado del operativo, Baltasar Garzón, ha enviado a prisión a siete y ha dejado a seis en libertad provisional bajo fianzas de entre 3.000 euros y 12.000 euros, según los casos. Una de las arrestadas quedó en libertad sin cargos.

Pero de los interrogatorios a uno de los presuntos integrantes de la red, Ibon Urrestarazu Esnaola, de 43 años, arrestado el martes en Ordizia (Guipúzcoa), la policía ha obtenido una cascada de información que podría ayudar a esclarecer nueve asesinatos cometidos por ETA entre agosto de 2000 y mayo de 2003, según fuentes de la lucha antiterrorista. En principio, el supuesto etarra habría confesado su participación en los asesinatos de Pagazaurtundua, los dos policías nacionales de Sangüesa, el presidente del PP de Aragón, el empresario nacionalista José María Korta, los dos ertzainas de Beasain y los dos trabajadores de Elektra que fueron alcanzados por un coche bomba destinado al edil del PSE-EE Iñaki Dubreuil.

A raíz de esa declaración ante la policía, según las mismas fuentes, se ordenó la detención en la tarde del jueves de Xabier Balerdi Odriozola en Beasain (Guipúzcoa) y de Andoni Cobos Novo en la localidad navarra de Alsasua. Según fuentes de la investigación, Urrestarazu aseguró ante la policía que Balerdi y Cobos participaron en el atentado contra el presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad; y en los atentados contra dos agentes de la Ertzaintza en noviembre de 2001 y los dos policías asesinados por ETA en Sangüesa (Navarra), en mayo del año pasado. Este doble asesinato es hasta la fecha el último atentado mortal de la organización terrorista ETA.

Prudencia de Alonso

La operación ha aclarado el grado de participación de uno de los detenidos en el atentado contra el edil de UPN asesinado en Leitza, José Javier Mújica. El juez Garzón envió en la noche del jueves a prisión a Igor Astibia Telletxea bajo la imputación de haber facilitado información a ETA para el asesinato del edil Mújica. Astibia es pariente del concejal asesinado.

Durante la operación policial del jueves, en la que se registraron varios inmuebles, la policía buscaba tres pistolas que pudieron ser empleadas en varios de los asesinatos. Urrestarazu declaró que estaban en un inmueble bajo unas trampillas. Pero, los agentes no las encontraron, según admitieron fuentes policiales. La Comisaría General de Información y el propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, pidieron ayer prudencia y tranquilidad antes de dar por esclarecidos los asesinatos en los que supuestamente podrían haber intervenido los cuatro detenidos. La confesión de Urrestarazu no habría sido avalada por su compañera Iturrioz y, además, no se han encontrado las pistolas. Alonso, desde Bruselas, dijo que la policía investiga la implicación de algunos de esos detenidos en "hechos más serios todavía que los de prestar apoyo" a ETA. La policía, reveló, estudia si "además formaban parte de algún comando de ejecución directa de atentados". "Vamos a dejar que la policía y los jueces trabajen tranquilamente", agregó.

De hecho, la prudencia de Interior limita la acusación contra Ibon Urrestarazu, de 43 años, y su compañera Alaitz Iturrioz, de 29, a haber proporcionado la información sobre el concejal socialista Iñaki Dubreuil con la que miembros liberados (a sueldo) de ETA perpetraron un atentado que costó la vida a dos trabajadores de la empresa donostiarra Elektra. Interior les acusa de ceder su vivienda a los que posteriormente serían los dos máximos jefes militares de ETA tras su huida en febrero de 2002 de Guipúzcoa, Ibon Fernández Iradi, Susper, y Ainhoa García Montero, Laia. Ambos estaban encuadrados entonces en el comando Buruntza, desarticulado por la Ertzaintza en agosto de 2001. En esa vivienda, ambos etarras, detenidos en diciembre de 2002 en Bayona (Francia), almacenaron también la armas y los explosivos del comando, según la policía. Interior les acusa también de haber recabado información sobre el empresario Juan Bautista Rubio Beloqui, que fue objeto de un atentado el 7 de julio de 2000 en Ordizia con una bomba lapa que no llego a explotar. Urrestarazu e Iturrioz pasarán hoy a disposición judicial.