Condenado a 40 años de cárcel el ayudante del patrón de la patera que naufragó en Rota

La sección primera de la Audiencia de Cádiz condenó ayer a 40 años de prisión a Hamid Echokhch, marroquí de 25 años, por sendos delitos de tráfico de inmigrantes y por homicidio imprudente en el naufragio de la patera de Rota, en el que murieron 37 personas a 200 metros de la costa de Cádiz el 25 de octubre de 2003. La sentencia sostiene que Hamid Echokhch era el ayudante del patrón y que es, por tanto, uno de los "responsables directos" de esta tragedia. El tribunal avisa de que no ha entrado a juzgar "otras muchas" responsabilidades "públicas y privadas".

El fallo establece una pena de tres años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un año por cada uno de los 37 fallecidos en el naufragio. El condenado sólo cumplirá nueve años de cárcel porque el máximo legal de internamiento no puede exceder del triple del tiempo establecido por la pena más grave, que son los tres años por tráfico de inmigrantes. Asimismo, la justicia le condena a indemnizar a los familiares de los fallecidos con 90.000 euros.

El tribunal, presidido por el magistrado Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia de Cádiz, acepta la identificación del culpable que hizo uno de los cinco supervivientes y testigo protegido. Por el contrario, rechaza los argumentos del abogado defensor, Juan Manuel Sánchez Bernal, quien pidió la libre absolución por "la ausencia total de pruebas" contra su cliente. Sánchez Bernal fundamentó otro de sus argumentos en que la policía informó al testigo protegido, previamente a su declaración, de que, si colaboraba, se quedaría legalmente en España. Este letrado informó ayer que no decidirá si recurre al Supremo hasta hablar con su defendido.

El fiscal pidió para el acusado 117 años de prisión durante el juicio, celebrado los pasados días 4 y 8 de noviembre. Echokhch se declaró inocente y afirmó que él ni siquiera iba en la patera que naufragó frente a las costas de Rota.

Pena mínima

El tribunal explica que aplica la condena mínima por "el desconocimiento en autos sobre si se pudieron o no tomar otras medidas para evitar el riesgo de muerte de estos inmigrantes". Sobre las circunstancias que rodearon este trágico episodio, Lorenzo del Río señala en el primero de los fundamentos de derecho de la sentencia: "Debe señalarse (...) que estrictamente sobre estas dos cuestiones jurídico-penales (a las que se ciñe el objeto del presente proceso penal y sobre las cuales gira la petición del Ministerio Fiscal) se entrará a valorar en esta sentencia, sin que podamos ni debamos referirnos ahora a otras materias colaterales, aunque no insignificantes, de amplia repercusión en torno a este proceso; a saber, otras cuestionadas responsabilidades -públicas o privadas- en la muerte de tantos inmigrantes por la posible tardía o nula respuesta en atender la llamada de socorro del capitán del Focs, así como el escaso significado de este proceso en la dinámica y problemática actual de la inmigración ilegal ya que a la postre, según algunos, la sociedad se contentaría con castigar y atribuir a un pobre desgraciado toda la responsabilidad de un suceso tan luctuoso como el que nos ocupa, dejando sobre el tapete otras muchos cuestiones y/o responsabilidades de todo tipo".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, supeditó a la sentencia una investigación administrativa y política sobre el suceso, como han reclamado, entre otras organizaciones, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

El titular de esta entidad, José Chamizo, reiteró ayer la necesidad de que las Administraciones investiguen lo ocurrido porque, a su juicio, "no puede dejarse la barbaridad de la patera de Rota con la responsabilidad de un solo culpable".