CiU divide el sentido de su voto en el penúltimo trámite para que los homosexuales puedan adoptar

Sí, no y todo lo contrario. Los tres diputados de Convergència Democràtica en la comisión de justicia del Parlament no se pusieron de acuerdo ayer al votar la reforma del Código de Familia que permitirá la adopción a las parejas homosexuales. De los tres diputados, uno votó a favor, otro en contra y el tercero se abstuvo. Sus socios de Unió optaron por el no en bloque, sumándose así a la postura del Partido Popular. Sólo los tres grupos presentes en el Gobierno optaron por un sí sin fisuras en el último trámite antes de la votación final en el pleno.

Las profundas divisiones existentes en el seno de Convergència i Unió en todo lo referente al reconocimiento de nuevos derechos para gays y lesbianas dieron pie ayer a un nuevo y vistoso episodio en el Parlament. La comisión de justicia sometía a votación el dictamen sobre el proyecto de ley que eliminará las trabas para que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo puedan ser candidatas a adoptar un niño con las mismas condiciones que las parejas heterosexuales.

Ninguno de los representantes de los grupos parlamentarios argumentó el sentido de su voto, por lo que el trámite apenas duró cinco minutos. Además se realizó a puerta cerrada tal y como manda el reglamento que rige las votaciones de dictámenes de ponencias.

Los diputados del PSC, Esquerra Republicana e Iniciatiava per Catalunya Verds votaron afirmativamente, así como Esteve Orriols, de Convergència Democràtica. Sin embargo, el voto de la federación nacionalista quedó dividido como nunca, puesto que la diputada y ex consejera de Gobernación Maria Eugènia Cuenca se abstuvo y el también miembro del grupo de CDC Lluís Recoder optó por el no.

El Partido Popular no sólo votó negativamente, sino que además presentó una enmienda a la totalidad al texto propuesto. Los conservadores se quedaron solos en su defensa, puesto que los miembros del tripartito lo rechazaron y CiU se abstuvo.

A la salida de la votación, la diputada de Unió Democràtica Núria de Gispert argumentó el no de su formación recordando que el reciente congreso de los democristianos rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción.

En las filas de Convergència la disparidad se justificó por la libertad de voto que el líder de la formación, Artur Mas, había dado a sus diputados. Fuentes del partido aseguraron que el resultado de la votación, lejos de demostrar divisiones internas, "manifiesta la profunda pluralidad del partido".

No piensan lo mismo en el Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi. Su portavoz en materia de libertad sexual, Juan Jaime, afirmó a propósito de la disparidad del voto en el seno de CiU: "Pone de manifiesto que este partido no es la vanguardia de la defensa de la equiparación de derechos de los homosexuales con el resto de la población como quisieron hacernos creer durante 23 años". En opinión de Jaime, la votación de ayer sirvió para "desenmascarar a CiU y situarla claramente donde siempre ha estado, a la derecha del arco parlamentario".

El de ayer era un paso más en la tramitación de los cambios legislativos que deben culminar con la desaparición de las barreras para la adopción por parte de homosexuales. Las reformas del Código de Familia votadas ayer hacían referencia mayoritariamente a los derechos del niño adoptado. Así, si finalmente sale adelante la reforma, los niños ya adoptados por una persona cuya pareja sea del mismo sexo tendrán derecho a estar bajo la tutela de ambos, así como a entrar en la línea sucesoria de los dos. A las parejas homosexuales que quieran adoptar un niño también se les facilitan las cosas, puesto que para conseguir el certificado de idoneidad ya no deberá indicarse el sexo de los dos miembros de la pareja.

Los defensores de la reforma aseguran que ello permitirá garantizar los derechos del niño, puesto que en la actualidad muchos gays y lesbianas ya adoptan niños, aunque de forma individual. De esta forma se podrá ver la realidad, afirman.

Los detractores, por su parte, consideran que la ley no hará más que evidenciar nuevos problemas. Daniel Sirera, del Grupo Popular, explicó ayer que su partido rechaza la modificación del Código de Familia por dos motivos básicos: "En primer lugar, porque no se ha debatido suficientemente con la sociedad civil, pero también lo rechazamos porque nos arriesgamos a que los países que permiten a los españoles ir allí a adoptar cerrarán sus puertas al saber que entre los posibles padres adoptantes puede haber parejas homosexuales".

Superado el trámite de ayer, el debate y la votación final para la reforma del Código de Familia en el pleno de Parlament se realizará presumiblemente el próximo 9 de diciembre.