Pujol mantendrá su papel de árbitro en la nueva ejecutiva de la federación de CiU

Jordi Pujol seguirá siendo el árbitro de CiU. Como presidente fundador, mantendrá el voto de calidad en la ejecutiva de la federación de Convergència i Unió que saldrá de la conferencia nacional del 26 y 27 de noviembre, que estará formada a partes iguales por miembos de CDC y de UDC. Según los estatutos, esta prerrogativa de voto corresponde al presidente de la federación, pero Unió planteó algunas reservas para que fuera Artur Mas, futuro presidente de CiU, quien la ejerciera. Esta semana se ultimarán las dos ponencias, la política y la de organización, que se aprobarán en el cónclave.

La conferencia nacional de CiU debía servir para convertir la federación nacionalista en una sola fuerza política, porque así figura en los estatutos fundacionales de 2001. Pero ni Unió ni Convergència interpretan de igual forma el significado de esta expresión. Si los convergentes aspiraban a un resultado equivalente a la fusión, los democristianos sostienen que CiU, al menos en las convocatorias electorales, ya actúa como una formación política única y que, por lo tanto, la conferencia nacional debe introducir escasas novedades a la actual estructura organizativa.

Unió tan sólo persigue que Convergència la trate de igual a igual -de ahí su insistencia en que las ejecutivas sean paritarias- y acabar con esa imagen de hermano pequeño de la federación que ha crecido a expensas del mayor. Pero Unió sólo posee un tercio de los militantes convergentes y "esta diferencia ha de quedar reflejada, al menos, en algún nivel de la organización", señalan desde la calle de Còrsega, sede de CDC.

La ponencia organizativa, la que ha generado más desacuerdos entre ambas formaciones, está prácticamente ultimada gracias a los buenos oficios de los líderes de CDC, Artur Mas, y de UDC, Josep Antoni Duran Lleida. Pero dos incógnitas continúan abiertas: la primera, si se mantiene el puesto de secretario general adjunto de CiU, y la segunda, el porcentaje de militantes que tendrá cada partido en las asambleas locales, los cuales, en caso de conflicto, deberán dirimir la composición de las listas a los comicios municipales.

Artur Mas considera que la secretaría general adjunta, que ahora desempeña el convergente Pere Macias, no debe eliminarse. Pero este deseo topa inexorablemente con la dura realidad, pues además de la negativa de Macias a continuar, Mas aún no ha encontrado candidato para un puesto que por sus características despierta demasiada desconfianza entre las filas convergentes. Quien lo ocupa debe actuar de mediador entre los dos partidos y, como es sabido, los problemas nunca se resuelven a gusto de todos.

Mas propuso el cargo al alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, un nacionalista del ala moderada de CDC. Pero el jefe de la oposición ha tropezado con su negativa, la segunda que le endosa Recoder, pues también se negó a ocupar una de las seis vicesecretarías generales de Convergència. El otro rechazo ha provenido de la alcaldesa de Valls y vicesecretaria convergente, Dolors Batalla.

Ante este incierto panorama, son ya demasiados los dirigentes democristianos y convergentes que apuestan por suprimir la secretaría general adjunta, incluso si Artur Mas es capaz de encontrar un candidato. Pues éste tendría que contar, además, con el visto bueno de Duran Lleida. Y, como suelen comentar en Unió, Duran es muy exigente en lo que a cargos de su confianza se refiere. En 2001 ya vetó a Felip Puig por considerarle demasiado soberanista.El otro problema que deberá desencallarse esta semana es la composición de las asambleas locales de militantes y la representación que tendrá cada partido. La elección de los candidatos queda como hasta ahora, pero en caso de conflicto la última palabra la tendrán estas asambleas y Convergència triplica a Unió en número de militantes. Los democristianos no están por la labor de perder todas las votaciones, por lo que exigen a sus socios que las listas se aprueben al menos con los votos de dos tercios de los militantes presentes.

Unió Democràtica, como resultado de las negociaciones, ha tenido mejor suerte que Convergència, que ha acabado por ceder ante la presión de los democristianos y ante un escenario que amenazaba ruptura. De esta forma, no habrá militantes de la federación -se optará por una fórmula que regulará la figura del simpatizante, tal como defendía Unió-; las ejecutivas territoriales serán paritarias y no elegidas por las asambleas de militantes, como planteaban los convergentes, y aunque se suprimen las cuotas que cada partido tenía adjudicadas en las listas electorales, el sistema de elección se aproxima a las tesis democristianas.

En la conferencia de Tarragona, los consejeros nacionales de ambos partidos votarán en una lista cerrada la ejecutiva nacional, que tendrá una veintena de miembros. Jordi Pujol, que no se someterá a votación, será el presidente fundador y mantendrá el voto de calidad. Mas, que hasta ahora no ejercía ningún cargo en la federación, pese a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, será el presidente, y Duran Lleida mantendrá la secretaría general de la federación.

Se elimine o no el puesto de secretario general adjunto, se crearán responsables de área, o vicesecretarios generales, que se encargarán de las campañas electorales y de coordinar la sectoriales de CiU, propuesta que ha partido de las filas democristianas.

Por parte de Convergència, aunque la lista todavía no está cerrada, formarán parte de la ejecutiva nacional, además de Artur Mas, los seis vicesecretarios generales y tres secretarios ejecutivos (David Madí, Oriol Pujol y Quico Homs), que forman el núcleo de máxima confianza de Mas. También se da como segura la incorporación de Xavier Trias, presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona; de un representante del Congreso y otro del Parlament, y posiblemente de Carles Campuzano, presidente del consejo nacional de CDC.

Por Unió se integrarán, además de Duran, el secretario general, Josep Maria Pelegrí; los seis vicesecretarios ejecutivos; el presidente del consejo nacional, Ramon Espadaler; el portavoz en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, y el miembro de la Mesa del Senado Jordi Casas.