El fraude se cuela por la línea telefónica

Casi 2,5 millones de españoles están preasignados o en preselección con una compañía telefónica. Se trata de un procedimiento legal por el que cualquier abonado de Telefónica puede encaminar sus llamadas telefónicas por otra operadora, sin necesidad de cambiar de línea y conservando su número telefónico.

Es el principal método que utilizan las nuevas operadoras que no disponen de red propia para quitarle los clientes a Telefónica. Pero no siempre los consumidores se preasignan voluntariamente. Para conseguir un cliente, algunos agentes comerciales, que casi nunca pertenecen a la operadora sino a empresas externas, utilizan métodos dudosos. El más burdo es la falsificación de la firma. Un poco más estilizado es la consecución de la firma mediante engaño: bien en documentos en los que sólo se solicita el envío de información o alegando que es para justificar ante los superiores la visita a un domicilio.

Algunos agentes comerciales falsifican la firma para conseguir un abonado

Más de 165.000 abonados han sufrido la preasignación irregular, según la UCE

Desde agosto, se puede contratar con una operadora sin firmar ningún contrato

Los agentes comerciales también solicitan un recibo reciente de Telefónica con el fin de demostrar el ahorro prometido y el extracto bancario con el objetivo de copiar el número de cuenta corriente y el teléfono. En muchos casos, los comerciales fingen ser agentes de Telefónica para solicitar o manipular la documentación. Últimamente, el timo que está haciendo furor es la utilización de la contratación de cualquier servicio, como la tarifa plana de Internet través de ADSL, para preasignar a un cliente los servicios de voz.

Una encuesta de la Unión de Consumidores de España (UCE) detectó que en torno a 165.000 familias han sufrido una preasignación irregular, conocida también como slaming. Las quejas de los consumidores han llegado ya a los tribunales. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), el organismo que regula el sector, ha remitido 80 denuncias al ministerio fiscal contra Uni2 y Auna (antigua Retevisión) por la preasignación sin consentimiento del abonado. Una reciente sentencia condena a Uni2, filial de France Télécom, a devolver a Telefónica los clientes que captó de forma ilícita.

Según la encuesta de la UCE, los entrevistados declararon que los casos de fraude en general que conocían correspondían en un 25,6% a Auna, un 16% a Uni2, y un 4,8% a Tele2. Sin embargo, el operador más nombrado como ejecutor del fraude del slaming es, con diferencia, Uni2.

El director comercial de este operador, Juan Vindel, reconoce que ha habido casos de fraude y que eso ha dañado la imagen de la empresa, pero afirma categórico que desde septiembre pasado se han eliminado completamente las preasignaciones irregulares al cambiar el sistema de captación de clientes, eliminando los distribuidores comerciales externos, principal vía de fraude. Vindel, que no sabe cuantificar las preasignaciones irregulares que se han producido, afirma que en cuanto Uni2 tiene conocimiento de uno de estos casos por la llamada del cliente lo primero que hace es devolverle el dinero y borrarle de la base de datos.

Una versión que contradice la de la UCE que denuncia que no sólo al cliente se le tima, sino que se le amenaza luego con meterle en el registro de morosos si no paga, y encima no puede volver a contratar con Telefónica. Precisamente, a petición de la UCE, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha comprometido a implantar una doble medida: devolver el importe de las facturas cobradas por el operador que haya practicado el slaming, y garantizar que se restablece el contrato con el operador de origen, en la mayor parte de los casos, Telefónica. El vicepresidente de la UCE, Juan Moreno, opina que esa voluntad debe plasmarse en un compromiso concreto, porque la nueva división del Ministerio de Industria que debe atender estas quejas no tiene ni personal ni presupuesto.

Por su parte, Jazztel afirma que tiene unas cifras muy bajas de reclamaciones por preselección y, como el resto, atribuye las mismas a los distribuidores de empresas externas dedicadas a la venta de servicios al mercado residencial. Además aseguran que desde hace unos meses están llamando a los clientes que solicitan la preasignación para confirmar su deseo de recibir el servicio antes de darles de alta.

Auna, que cuenta con 750.000 preasignados, afirma que su interés se centra en migrar a esos clientes al cable (acceso directo con red propia) por lo que está abandonando esta práctica.

La opinión de Telefónica difiere completamente de la de sus rivales, a los que ha llevado a los tribunales por esas presuntas prácticas irregulares. La indignación de los responsables del ex monopolio ha crecido desde finales de agosto, con la implantación de la preselección telefónica, consistente en que mediante una simple llamada y, sin necesidad de firmar ya ningún contrato, el usuario puede contratar otra operadora. Tras recibir una primera llamada de la compañía, si el abonado quiere realmente dejar a Telefónica o cambiar de operadora recibe otra llamada (ambas grabadas) de una empresa independiente que verifica que efectivamente quiere preseleccionarse con otra compañía. El cliente tiene en teoría la posibilidad de desistir sin cargo alguno en un plazo de una semana.

Las organizaciones de consumidores se han opuesto radicalmente a este nuevo modelo de preselección porque entienden que incrementará aún más el fraude, al eliminar cualquier documento escrito. Dicen que los controles sobre las empresas verificadoras son nulos, y que nadie puede asegurar que la persona que contrata con el nuevo operador es verdaderamente el titular de la línea.

Telefónica recurrió por la vía administrativa ante la CMT la norma de este organismo regulador que permite la preselección verbal (circular 1/2004 publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de julio de 2004). Pero el recurso fue desestimado. Así que la compañía ha decidido elevar su demanda ante la Audiencia Nacional, a la que ha pedido además la suspensión cautelar de este procedimiento hasta que se decida sobre el fondo del mismo, informaron en fuentes de la operadora.

Telefónica señala en su recurso que no existe ningún mecanismo de control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades verificadoras. Añade que los cuestionarios que se realizan por esas entidades incumplen la norma de protección de datos y algunas preguntas tienen contenidos indebidos de carácter comercial. La operadora se queja que este mecanismo tan sólo está implantado en Suiza. En otros países, como Holanda, es el usuario el que debe llamar si realmente está interesado en preasignarse.