El alcalde de Plentzia admite a la juez que carecía del permiso foral en una recalificación para hacer 280 chalets

El alcalde de Plentzia, el penuvista Nicolás Oñate, declaró ayer a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo que la recalificación de suelo en la zona de El Abanico para edificar 280 chalets fue aprobada por el Ayuntamiento sin contar con el visto bueno de la Diputación de Vizcaya, en contradicción con lo que manifestó en dos plenos municipales. Oñate testificó, durante cinco horas ante el juzgado como imputado por los posibles delitos de prevaricación y cohecho en este asunto.

El grupo ecologista Txipio Bai denunció el pasado año esta operación urbanística que permitiría la recalificación urbanística de 87 hectáreas, la mayoría propiedad de la familia Ybarra, en una zona que en un 75% está considerada zona de protección paisajística. La demanda resaltaba la existencia de un acuerdo privado en el que los dueños del suelo ofrecían 2,4 millones de euros a vecinos de una urbanización adyacente para "no oponerse" a la reclasificación y la presencia del alcalde en una reunión con los vecinos para convencerles de la necesidad de la operación. El pleno municipal de Plentzia -con mayoría absoluta peneuvista- aprobó provisionalmente la recalificación en febrero de 2003. En las actas consta que Nicolás Oñate afirmó que la Diputación aprobaba el cambio de uso y que había urgencia debido a las elecciones municipales de mayo.

Sin embargo, ayer declaró a la jueza que no existe "constancia documental" de que la Diputación apoyara la recalificación y no concretó con qué responsables o técnicos forales contactó para este asunto. El alcalde, que en el pleno de enero de 2003 dijo haber realizado tres consultas jurídicas que le recomendaban la operación, respondió ayer que sólo recibió contestaciones verbales y no por escrito.

Nicolás Oñate tampoco aclaró cómo la recalificación, aprobada el 24 de febrero de 2003, pudo ser publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia tres días después, cuando este trámite lleva al menos diez días. Los ecologistas anunciaron ayer que pedirán al juzgado una investigación de este hecho y sospechan que se envió al boletín antes del pleno.