Injusticia a la mexicana

Un hombre de corbata y pocas palabras acudió al domicilio de la madre de Sergio Javier Ibarra López, condenado a 70 años de cárcel, y le entregó dos kilos de oficios judiciales: "Ahí tiene usted la inocencia y la libertad de su hijo". Y se fue. Nadie sabe si el anónimo benefactor de principios de año lo fue por la comezón de la conciencia o esconde intenciones aviesas.

"Mi hijo no ha matado al hermano [Alejandro Ortiz] del ex gobernador del Banco de México, ni cometió delito alguno", reiteró Cristina López al compartir la documentación con este corresponsal. Sergio Ibarra pide la intervención del presidente, Vicente Fox, y su absolución porque ya se detuvo al supuesto asesino confeso de Ortiz, cuyas huellas dactilares coinciden con las halladas en el lugar del crimen, de acuerdo con la documentación filtrada por el hombre de la corbata.

El preso pide al presidente Fox que intervenga para lograr su absolución

"Señor, no le miento. Soy inocente", insistió Ibarra, de 34 años, con tres hijas menores de edad, durante sus frecuentes telefonazos desde el Reclusorio Oriente, cárcel del Distrito Federal. Probablemente su caso es el de muchos, condenados en procesos oscurantistas e irregulares, cuando no amañados, y revela las graves carencias de la justicia mexicana, puestas de manifiesto en el diagnóstico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, publicado en diciembre del pasado año. El trabajo de un periodista extranjero en América Latina incluye escuchar a gente que implora ayuda arguyendo que la justicia niega amparo a quienes son pobres y no pueden comprarlo.

No es fácil saber cuándo los suplicantes dicen la verdad o mienten, pero el caso Ibarra parece reunir el perfil de las maquinaciones que arruinan vidas y familias y refuerzan la urgencia de la reforma judicial propuesta al Congreso por el Gobierno. "¿Señor, va a escribir algo sobre mí? Todo es falso y fabricado. Soy un preso político. No quieren reabrir el caso para no correr con el coste político de la injusticia cometida".

Ibarra continúa encarcelado desde el año 1999, pese a que, en diciembre del 2003, fuera detenido Juan Carlos Acosta Ortega, alias El Burgués, incriminado en más de 10 asesinados, entre ellos el cometido, en el año 1997, contra Alejandro Ortiz, hermano del actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, por cuya muerte pena Sergio Ibarra. El Burgués fue imputado también por el robo de una camioneta de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la moto de un escolta de Mariano Herrán Salvati, entonces fiscal antidrogas.

La documentación entregada por el misterioso benefactor recoge la declaración policial de Acosta admitiendo la muerte de Alejandro Ortiz. "Fueron a lo suyo. Querían que me declarara cómplice del narcotraficante Alcides Ramón Magaña, alias El Metro, y que dijera que me había pagado para atentar contra el fiscal Herrán Salvati, que tenía altercados con Villanueva", relata Sergio Ibarra. De acuerdo con su versión, le propusieron, bajo amenazas y torturas, testificar contra Mario Villanueva, que fue gobernador del Estado de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Detuvieron a unas personas que venían a comer a mi taquería (tacos: tortas de maíz o harina con carne) y como les encontraron tarjetas de visita y volantes de publicidad de mi establecimiento, pues, a partir de ahí, me involucraron en todo para armar su caso culpando a gente como yo, sin recursos".

Sergio Ibarra, según afirma, se negó a participar en la farsa y le abrieron otras causas por robo e intento de homicidio. Culpa al procurador general de Justicia del Distrito Federal (1997-2000), Samuel del Villar, el funcionario que actuó en su contra y que presuntamente quiso ayudar a Herrán Salvati en la persecución del ex gobernador de Quintana Roo. Durante una vista, "un comandante de la policía me dijo que ya tenía identificados a los verdaderos asesinos del hermano del gobernador del Banco de México, pero que si declaraba contra Villanueva me depositarían 400.000 pesos (38.000 dólares) en una cuenta y que en 10 años saldría de la cárcel porque me irían quitando cargos".

"La ausencia de un debido proceso en México", dice el informe de la ONU entregado al Gobierno, "impide que la sociedad tenga la certeza de que quienes cumplen [condena] son responsables de la comisión de un delito". Diputados de varios partidos prometieron ayuda a Sergio Ibarra, pero el tiempo pasa y su madre continúa peregrinando por despachos y bufetes sin que el caso se haya reabierto, ante la existencia de elementos nuevos y la detención del supuesto asesino del hermano del gobernador de Banco de México.