El juez acusa a Zouhier de confundir deliberadamente a la Guardia Civil

La Audiencia Nacional confirmó ayer la prisión preventiva de dos de los imputados en el caso de los atentados del 11-M, Rafá Zouhier y Mohamed Bouharrat. El abogado del primero había reclamado del tribunal que valorase la colaboración de su cliente con la Guardia Civil, pero los magistrados rechazan la pretensión por el "confusionismo generado deliberadamente" por el propio Zouhier, que no dio datos hasta después del 11-M.

La Sección Primera de lo Penal, presidida por Javier Gómez Bermúdez e integrada también por Manuela Fernández Prado (ponente) y Eustasio de la Fuente, ha decidido mantener en prisión preventiva a Zouhier y desestimar los argumentos de su letrado. Éste reclamaba la libertad del confidente de la Guardia Civil por entender que su intervención en los hechos sigue sin estar perfilada, que debe valorarse su colaboración con las Fuerzas de Seguridad y los datos que proporcionó para evitar otros atentados, así como que a su entender no existe riesgo de fuga. El tribunal, sin embargo, precisa que al valorar la pena atribuida al delito que se imputa a Zouhier no puede en este momento "entrar a determinar las atenuantes que habrían de resultar aplicables".

Sobre la colaboración de Zouhier con la Guardia Civil, el tribunal recuerda que ya el juez Juan del Olmo, el 29 de julio de 2004, se refirió al "confusionismo generado deliberadamente por el recurrente, que conociendo el radicalismo de Jamal Ahmidan y que [el ex minero José Emilio] Suárez Trashorras le había proporcionado importantes cantidades de explosivos, no lo puso en conocimiento de la Guardia Civil".

Añaden los magistrados que Zouhier "pretende ampararse en el comentario que había hecho el año anterior cuando entregó una muestra de explosivo, al parecer en mal estado, a la Guardia Civil, para justificar que no hubiese vuelto a proporcionar datos hasta después de producido el atentado". El tribunal señala que si la participación de Zouhier no está más perfilada es porque la investigación continúa y se trata de "una compleja red organizada, en la que se mezclan distintos delitos y que es preciso desentrañar".

La resolución deja claro que al tratarse de un ciudadano marroquí que puede contar con vínculos en el extranjero, existe un "riesgo cierto" de fuga. La misma medida es aplicable a Mohamed Bouharrat, del que se considera que existe "altísimo riesgo" de que trate de fugarse en caso de que se le concediera la libertad provisional.

"Cobra especial relevancia", dice el auto de la Audiencia, "que se hayan encontrado fotos de carné del recurrente en el piso de Leganés [en el que se suicidaron siete terroristas autores materiales de los atentados del 11-M el 3 de abril pasado]. Ese piso era utilizado por los miembros del grupo terrorista como una especie de sede, donde refugiarse y depositar las armas y los explosivos. Varios de los miembros del grupo disponían de documentación falsa y las fotografías del recurrente no puede dejar de temerse que se pretendiesen utilizar para falsificar documentación".

Los magistrados agregan que aunque Bouharrat tiene derecho a no declarar contra sí mismo, la falta de credibilidad de sus explicaciones sobre el hallazgo de las fotos y las contradicciones sobre el lugar en el que se habrían tomado, vienen a confirmar el temor de que esas fotos fuesen a utilizarse en una actividad ilegal.

Además, los magistrados aprecian que las anotaciones manuscritas realizadas por Bouharrat que también fueron halladas en el piso de los suicidas de Leganés, y la estrecha relación que mantenía con uno de los fugados, Abdelmajid Bouchar, así como su vinculación con uno de los vehículos sustraídos son motivos suficientes para creer que Bouharrat "puede resultar responsable de un delito muy grave".

Por otro lado, el juez Del Olmo, a instancias de la fiscal Olga Sánchez, ha deducido testimonio contra ocho personas que presuntamente simularon haber resultado lesionadas por la explosión de las bombas del 11-M. El juez ha remitido el asunto al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid, para que se depuren responsabilidades por su presunta participación en un delito de simulación de ser víctima en una infracción penal, recogida en el artículo 457 del Código Penal. La pena prevista es entre seis y 12 meses de multa.

Mientras, la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre una grabación hallada en un cuartel de Asturias, en la que el confidente Francisco Javier Lavandero dice, el 28 de agosto de 2001, que Toro y Trashorras le ofrecieron explosivos y le preguntaron que "si había alguien que supiera montar bombas con móviles". El instituto armado ha recuperado esa cinta y la transcripción efectuada por el agente Jesús Campillo Veiga (archivada en la Comandancia de Gijón tras investigarse la confidencia), en la que no figura la frase de los móviles.

Los mandos de la Guardia Civil de Asturias contaron en la comisión del 11-M a preguntas del PP que esa confidencia dio lugar a la Operación Serpiente en 2001, que se cerró porque la policía ya había detenido en julio a Toro y Trashorras por el mismo chivatazo de ese confidente y les requisó 16 cartuchos de dinamita. La cinta, la transcripción y las pesquisas han sido remitidas al juez Del Olmo.