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El Gobierno crea un foro empresarial para defender intereses en Latinoamérica

En el observatorio participan altos cargos de 12 grandes grupos españoles

Ramón Muñoz

El Gobierno ha creado un foro con las empresas españolas que tienen presencia en Latinoamérica con el fin de conocer de primera mano la situación en aquellos países y velar mejor por sus intereses en la zona. En ese observatorio, que ya se ha reunido varias veces, participan altos cargos de Moncloa y de los ministerios de Economía, Industria y Exteriores y algunos de los máximos ejecutivos de las 12 empresas con mayor presencia en el área. El foro trata de ser un instrumento eficaz que ayude a resolver problemas como la inseguridad jurídica o la actualización de tarifas.

Al Ejecutivo le preocupa Latinoamérica pero no sólo desde el punto de vista de la política exterior, sino también por los crecientes intereses económicos que tienen las empresas españolas en la región. Por eso, el equipo encabezado por el jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, ha constituido un observatorio en el que participan las principales empresas españolas, con el fin de conocer de cerca la situación en la zona.

No se trata de un foro cualquiera. En el mismo participan, por parte de la Administración, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León; el secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, y el director general de Financiación Internacional del Ministerio de Economía, Ramón Guzmán. Las empresas se encuentran representadas por altos ejecutivos como consejeros delegados, directores generales o responsables del área internacional.

Las compañías representadas son: Telefónica, Repsol, Gas Natural, BBVA, Banco Santander, las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, Agbar, PRISA, Sol Meliá y ACS. Para evitar que con el tiempo las reuniones se descafeínen, existe un compromiso entre todos los participantes para que no se delegue hacia abajo, y la representación sea siempre de alto nivel.

Con este foro, el Gobierno pretende, por una parte, tener un mecanismo eficaz y permanente para conocer la situación real de Latinoamérica y poder plantear soluciones en caso de emergencia. Se trata de estar preparados, en la medida de lo posible, ante situaciones como la que se produjo en Argentina en diciembre de 2001, cuando el Ejecutivo de aquel país suspendió la convertibilidad del peso. Aquella crisis monetaria, y la consiguiente congelación de tarifas de los principales servicios públicos, provocó importantes perjuicios a empresas como Telefónica, Agbar o Gas Natural.

Instrumento eficaz

Pero el Gobierno no sólo quiere que este foro sea un instrumento informativo, sino que, a partir del conocimiento de la situación, se pueda desarrollar una colaboración más eficaz con las empresas para hacer valer sus intereses ante las administraciones de los países latinoamericanos, sobre todo, en caso de emergencia.

Y es que aunque las empresas no las hayan hecho explícitas, una de sus principales quejas con las anteriores administraciones del PP ha sido el desinterés que han mostrado por los problemas de las multinacionales españolas en el exterior y, en particular, en Latinoamérica. Las grandes corporaciones nacionales desean una mayor implicación de las instancias políticas y diplomáticas, al igual que ocurre con otras administraciones como la estadounidense o la francesa.

La desprotección ante los incumplimientos de contratos de las autoridades y, en particular, la falta de seguridad jurídica es una de las mayores preocupaciones de las empresas españolas en la zona. Uno de esos focos de conflicto son las tarifas, cuya actualización reclaman las empresas ante la tentación de los gobiernos de congelarlas. Debido a esa y otras causas, las multinacionales españolas tienen litigios abiertos actualmente en Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil.

Un mejor conocimiento de esos problemas que permitiera una labor más activa desde el Ejecutivo facilitaría la resolución de esos conflictos. No en vano, los intereses en juego son muchos, porque el principal destino de las inversiones españolas en el exterior es Latinoamérica, donde se han encauzado más de 60.000 millones de euros en la última década.

El poder de Telefónica

Telefónica es el mayor inversor exterior en Brasil y Argentina, donde su actividad representa entre el 1% y el 1,5% del producto interior bruto. A través de su filial de Móviles acaba de adquirir las empresas de telefonía celular de BellSouth, con una inversión de 4.500 millones de euros, convirtiéndose así en la primera operadora de telecomunicaciones del subcontinente.

El BBVA posee el primer banco privado de Latinoamérica, el Bancomer de México, en el que ha invertido más de 4.000 millones de euros. Su principal rival, el grupo Santander, tampoco le va a la zaga y sólo en Brasil (Banespa) ha invertido más de 5.000 millones de euros.

Repsol, tras realizar la mayor operación de adquisición de la década pasada con la compra de la argentina YPF, es, junto a su participada Gas Natural la principal empresa energética de la región. Las eléctricas también tienen una fuerte presencia. Endesa ha concentrado sus esfuerzos en el Cono Sur (Argentina y Chile), mientras que Unión Fenosa e Iberdrola han desviado sus inversiones a Centroamérica. Aguas de Barcelona, en el sector de servicios urbanos, Sol Meliá, en el turimo, Dragados (ahora en ACS) en construcción y PRISA, en el campo editorial y de medios, completan la lista de corporaciones con intereses en la zona.

Impulso al I+D+i

Otra de las prioridades del Ejecutivo es el I+D. El Gobierno ha asumido el compromiso electoral de duplicar a lo largo de la legislatura los fondos destinados a I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Ese gasto alcanza ahora sólo la mitad de la media comunitaria en relación al PIB.

Por eso el Ejecutivo también está preparando la constitución de un observatorio de I+D, en el que estarán representadas las empresas y la Fundación Cotec para el desarrollo tecnológico y la innovación.

Este observatorio, que es un compromiso adquirido por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero con los responsables del sector tras una reunión con Cotec, sería un complemento a la Comisión Delegada para I+D que se ha creado al efecto, y que está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, España invierte en I+D+i un 1,03% del producto interior bruto, mientras que la media en la UE es del 2%, con Suecia a la cabeza (que supera el 4%). Mientras que en la UE el 65% del esfuerzo en I+D lo realiza el sector privado, en España sólo es el 45%.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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