Dos funcionarios se enfrentan a 9 años por estafar a inmigrantes

Dos funcionarios de la Oficina de Extranjería de Alicante acusados de estafar a inmigrantes al tramitar permisos de residencia y trabajo entre los años 2001 y 2003 negaron ayer los hechos. Un tercer procesado, según el fiscal encargado de captar a los extranjeros -en la mayoría mujeres empleadas en clubes de alterne- sí admitió que cobraba a cada cliente unos 350 a cambio de cada permiso. Los solicitudes no se tramitaban y están desaparecidas. El fiscal pide para los tres encausados un total de 17 años de cárcel.

El principal acusado, J. A.V, un hombre con antecedentes penales por estafa que se hacía pasar por abogado, reconoció ante el tribunal, la sección 3ª de la Audiencia de Alicante, que cobraba unos 350 euros a cada extranjera por "tramitar" permisos de trabajo y residencia. El acusado negó, en contra de su declaración inicial, que entregase parte de esa cantidad a dos funcionarios de Extranjería a cambio de sellar las solicitudes ."Esto lo dije porque cuando declaré ante la policía y el juzgado estaba presionado psicológicamente", argumentó. El encausado subrayó "que cobraba lo que cualquier abogado que se dedica a esos temas. Yo no garantizaba que finalmente iban a tener los permisos, sino que haría lo posible porque así fuera", explicó. El acusado aseguró que como máximo tramitó unas 50 solicitudes. La acusación pública eleva la cifra a dos centenares. Este acusado se enfrenta, según la calificación del fiscal, a 9 años de cárcel por estafa y cohecho.

También los funcionarios procesados, J. J. C. y M. G. P. -ambos empleados en el negociado de la Oficina de Extranjería de Alicante, sito en calle Campo de Mirra- negaron que recibieran dinero del primer acusado o de los inmigrantes a cambio de tramitar los permisos. "Nos limitábamos a sellar la documentación que nos presentaban, sin registro de entrada, y la remitíamos a la oficina principal, donde finalmente se autorizaban o no", coincidieron ambos procesados. No obstante, el fiscal -que pide para cada uno cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación- sostiene que ambos empleados públicos recibían del falso abogado entre 100 y 150 euros por cada expediente, que luego retiraban y, por tanto, no enviaban al departamento principal de la Oficina de Extranjería.

Mientras, los testigos que ayer comparecieron -todas mujeres del Este de Europa y de surámerica- también reconocieron que entregaban al primer acusado unos 350 por cada solicitud. Varias de ellas, -trabajadoras de clubes de alterne- resaltaron que las solicitudes las rellenaban y las firmaban en el interior de un coche en las inmediaciones de la oficina, "y a las pocas horas nos entrega [el supuesto abogado] el expediente ya sellado", dijo una de ellas.

La investigación policial comenzó a raíz de la denuncia de una mujer objeto de la estafa que hoy comparece ante el tribunal en calidad de testigo protegido.