Blindar fronteras

Un país desarrollado y democrático como España tiene la obligación de habilitar la entrada de quienes llegan desde el extranjero con la esperanza de rehacer su vida y lograr un trabajo digno. Pero también tiene el deber de regularizar ese fenómeno si quiere evitar el caos social. El número de extranjeros en los últimos cuatro años ha pasado de un millón a cuatro, y se estima que llegará a 11 millones en una década. Más de 70.000 han sido expulsados de enero a agosto de 2004. Las últimas medidas del Gobierno socialista sobre extranjería y el refuerzo de fronteras para frenar la llegada de indocumentados son un paso correcto en esa dirección de ordenar la casa. Eso no significa que sean suficientes. Pero lo que sí es importante es que formen parte de una consensuada política de Estado en la materia y, por tanto, que haya un máximo esfuerzo de responsabilidad de todos los partidos y los agentes sociales para posibilitarla.

El problema trasciende el ámbito nacional y de ahí que la UE trate de abordarlo. Cada año intentan entrar ilegalmente medio millón de personas en territorio europeo y otras 400.000 solicitan asilo. Ha habido proyectos desafortunados, como la idea de crear centros de internamiento transitorios en el norte de África, pues son muy escasas las garantías de protección de derechos que ofrecen los países del Magreb. Más coherente parece, en cambio, la puesta en marcha de una Agencia Europea de Control de Fronteras para implicar a esas naciones en la lucha contra la inmigración clandestina.

El problema, tal como se ha planteado en España, parece centrarse en un nuevo ejercicio de acusaciones cruzadas entre socialistas y populares sobre el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería presentado por el Gobierno de Zapatero a finales de octubre. El PP teme que se convierta en una especie de coladero para una multitud de sin papeles que desestabilice el mercado laboral. El proyecto contempla un periodo transitorio de tres meses para que los extranjeros con contrato de trabajo de al menos seis meses puedan obtener papeles. El problema estriba en saber a cuántos va a afectar la medida. Hay un confuso baile de cifras. Se ha hablado de 800.000 inmigrantes ilegales y posteriormente de 200.000. Habrá que ver quiénes serán al final los beneficiarios y sobre todo si estas operaciones no servirán como tapadera de mafias laborales.

La creación de una Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones es útil, aunque tal vez no sea suficiente. Este organismo, que incluirá a más de un centenar de agentes, a los que se sumarán otros tantos para los centros de internamiento de Algeciras, Tenerife y Fuerteventura, y la misma cantidad para el aeropuerto de Barajas, debería servir para mejorar los sistemas de control de las entradas terrestres, aéreas y marítimas. Regularizar obliga también a reforzar las fronteras.