Un cuarto de consenso

El consenso preside los trabajos de la ponencia que reforma el Estatuto catalán desde que iniciara sus reuniones en febrero. Cierto es que los grupos parlamentarios han decidido aparcar sus diferencias en una generosa primera lectura, pero tampoco falta a la verdad decir que esas observaciones han sido muy pocas para un asunto de esa envergadura. Hasta ahora tres de los 11 títulos -diez más el preliminar- han obtenido luz verde, es decir, algo más de la cuarta parte.

Una base de consenso estaba asegurada entre las tres formaciones que dan su apoyo al Gobierno tripartito catalán: socialistas, republicanos y ecosocialistas. A ellos se les sumaron, no sin algunas reticencias, los nacionalistas de Convergència i Unió. Los últimos en subirse al tren de la reforma estatutaria fueron los populares.

El Estatuto requerirá modificar una veintena de leyes orgánicas

El PP esperó a que el veredicto de las urnas le apeara del poder, el 14-M, para decidir sumarse a la ponencia. El líder popular catalán Josep Piqué había dado garantías al consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, de que se uniría a los trabajos de los restantes grupos. El PP no podía quedarse en tierra en una reforma que, por poco simpática que les resulte, se desarrolla dentro de la ortodoxia constitucional. Pero había que esperar a las elecciones generales para que no surgieran fricciones con la dirección nacional del partido ni se generaran malos entendidos con un electorado que se muestra esquivo en Cataluña, donde el PP es la cuarta fuerza política.

En mayo, los populares se sumaron a la ponencia parlamentaria y en julio ya saltaba la primera sorpresa: el PP no hizo observaciones a que en el índice de materias se incluyera la expresión "nación catalana". En esa misma sesión se obvió el término "Agencia Tributaria" y se empleó el más genérico de "Administración Tributaria", que hiere menos susceptibilidades. Además del índice de materias, también obtuvo luz verde el título dedicado a las relaciones exteriores de la Generalitat. El PP hizo hincapié en que la inclusión de "nación catalana" no suponía la aceptación plena del término. Con ello quisieron enviar una señal de que ellos no serían los culpables de que los trabajos se fueran a pique.

En septiembre llegó el primer conato de división cuando CiU quiso introducir la inclusión de la autodeterminación en el texto estatutario. Los socios del tripartito y el PP se negaron a ello y acusaron a la federación nacionalista de intentar dinamitar el proyecto. Los convergentes tuvieron que dar marcha atrás, pero siguieron buscando la complicidad de Esquerra en otros asuntos. Y la hallaron al plantear que la opinión de la Generalitat sea vinculante para el Ejecutivo central cuando se aborden asuntos de competencia catalana en los nuevos tratados de la Unión Europea. El texto sugerido por el Instituto de Estudios Autonómicos -que nutre de documentos de trabajo a la ponencia con criterios de estricta legalidad- era que esa opinión fuera vinculante en competencias específicas: únicamente lengua y cultura. El Partit dels Socialistes, Iniciativa y Partido Popular expresaron su opinión contraria a la de los nacionalistas y soberanistas. Y el asunto quedó aparcado para una segunda lectura.

Ése fue el primer tropiezo que halló la unanimidad en el seno de la ponencia. El segundo, de fecha reciente, se produjo el pasado 27 de octubre, cuando el PP expresó su oposición a que el texto estatutario incluyera el término "plurinacionalidad". Este concepto, que surgió en el curso del debate, se incorporará probablemente en el título preliminar.

Acción exterior de la Generalitat, participación en la UE y relaciones con el Estado y las autonomías son los tres títulos aprobados hasta el momento. A buen seguro quedan asuntos que provocarán arduos debates: muchos de los temas de discusión en la ponencia remiten a la modificación de leyes orgánicas. Hay quien dice que una veintena de disposiciones de estas características deberían ser modificadas para aplicar en toda su profundidad el Estatuto. Pero queda mucho por recorrer.

El PP será probablemente el partido que más objeciones ponga a la resultante final. Está por ver, no obstante, si CiU contendrá su ímpetu nacionalista y superará el complejo de verse en la oposición cuando Cataluña se dota de un nuevo Estatuto. Pero hasta entonces, cuando finalice el periodo de sesiones el próximo verano, queda un largo trecho. La ponencia deberá debatir el blindaje de las competencias de la Generalitat en unas 50 materias o títulos nuevos como la seguridad. La travesía no estará exenta de oleaje.

El Gobierno catalán ha decidido crear una comisión de expertos para abordar los asuntos más peliagudos del proceso estatutario: la autodeterminación, la definición de Cataluña como nación y la consecución de una financiación autonómica similar al concierto vasco. Para sustraer al Instituto de Estudios Autonómicos de los vaivenes políticos de la negociación política se ha dado luz verde a esta comisión.

El punto que está más avanzado es el de la financiación autonómica, mientras que se optará por "fórmulas inteligentes" en palabras del consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, para dar cabida en el preámbulo del Estatuto al espinoso asunto de la autodeterminación. Probablemente los negociadores se decantarán por emplear la definición del término, para evitar el choque con la Constitución.