Emergencia alemana

La economía alemana, la mayor de Europa, sigue en plena deriva y, tras una década con síntomas de agotamiento, hoy parece exhausta. Hace tiempo que las alarmas se dispararon sin que surjan indicios de mejora a pesar del tímido crecimiento previsto, y el gasto parece desbocado. El año próximo Alemania violará previsiblemente por cuarto año consecutivo el Pacto de Estabilidad que obliga a mantener el déficit público por debajo del 3%. El ministro de Finanzas, Hans Eichel, ha reconocido con franqueza demoledora que "la situación financiera es dramáticamente difícil" y ha anunciado nuevas medidas drásticas para reducir el déficit público y reactivar la economía.

En las últimas semanas se han multiplicado las malas noticias. El fisco alemán recaudará 4.800 millones de euros menos de lo previsto para este año y 2005. La previsión de crecimiento quedó rebajada hace unos días al 1,7% y el consumo interno sigue bajo mínimos. El fabricante de automóviles Opel, filial de General Motors, y la cadena de grandes almacenes KarstadtQuelle han anunciado drásticas reducciones de plantilla mientras el paro sigue subiendo y alcanza al 10,7% de la población laboral.

Son muchos los responsables de que la economía alemana se haya convertido en una especie de enfermo crónico al que ya han dejado de hacer efecto tratamientos parciales. Si los últimos gobiernos de Helmut Kohl ignoraron a principios de los noventa la necesidad de reformas, los de Schröder han sido incapaces de aplicarlas ante la resistencia abierta o soterrada de una tupida red de intereses en la que se entremezclan sindicatos y patronal, gremios y grupos de interés. Las reformas han devenido en meras cataplasmas.

Una economía nacional, aunque sea la alemana, no puede soportar por más tiempo que sus costes laborales sean hasta un 35% más elevados que en la vecina Francia. Los sindicatos, especialmente la poderosa IG Metall, parecen haber llegado, aunque tarde, a esta conclusión, como demuestra el convenio logrado con Volkswagen que impone en la práctica una congelación soterrada de salarios. Pero esta medida sólo sería anecdótica si todos los agentes sociales no acaban de entender la situación de emergencia.