El Constitucional admite a trámite el recurso de Atutxa contra el Supremo
El presidente de la Cámara vasca eludió disolver el grupo Batasuna
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de amparo presentados por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y cinco parlamentarios, contra la resolución de la Sala Especial del Tribunal Supremo que anuló los acuerdos mediante los que se eludió disolver el grupo parlamentario de la antigua Batasuna, tal como había ordenado el alto tribunal.
El auto de 1 de octubre de 2003 del Tribunal Supremo anuló cinco acuerdos de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara vasca tendentes a impedir la ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna, que ordenó disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), integrado por afines a la organización ilegalizada.
Entre los acuerdos anulados figuraba la "imposibilidad" de cumplir la orden del Supremo de disolver el grupo SA, y el derecho de los parlamentarios de SA a percibir una subvención, dado que la Junta de Portavoces se había expresado en sentido contrario.
Los recursos admitidos a trámite por el Constitucional corresponden, además de a Atutxa, a los portavoces del PNV, Joseba Egibar; de EA, Rafael Larreina, y de EB / IU, Antton Karrera, y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU). Las providencias de admisión dictadas por el Constitucional se dirigen al Supremo para que en un plazo de 10 días emplace al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado, como partes del procedimiento.
Atutxa expresó ayer su satisfacción y aseguró que la decisión del Constitucional supone un "espaldarazo, sin duda alguna" a la decisiones de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento vasco.
Por el contrario, el presidente del PP, Mariano Rajoy, señaló que "admitir a trámite no es fijar posición" y reiteró que lo que se produjo en el Parlamento vasco fue un incumplimiento de una sentencia del Supremo "y eso es muy grave".
Entretanto, el Tribunal Superior Vasco tiene pendientes de resolver las denuncias por desobediencia presentadas por el fiscal contra Atutxa y los otros parlamentarios citados.
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