Defensa indemnizará a los siete periodistas muertos mientras informaban de guerras

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad que prevé el pago de 140.000 euros a los herederos de los fallecidos y de 390.000 a quienes sufran gran invalidez. Aunque el borrador del decreto no preveía su aplicación retroactiva para los periodistas, el Gobierno decidió a última hora incluir a los siete informadores españoles muertos mientras cubrían conflictos. Además, se dará pensión extraordinaria de viudedad a cinco parejas de hecho de militares fallecidos en el accidente del Yak-42.

El ministro de Defensa, José Bono, presentó la aprobación del decreto-ley como el cumplimiento de un compromiso y el pago de una deuda, no sólo económica, "que la sociedad española tenía con quienes luchan por la paz, la libertad y la justicia más allá de sus fronteras". Bono argumentó que las compañías de seguros rehúsan asegurar a quienes desarrollan su trabajo en zonas de conflicto y que "el Estado no puede mirar hacia otro lado". También defendió la "urgencia" de esta disposición, que entrará en vigor de inmediato y será convalidada luego por Parlamento.

Tendrán derecho a cobrar indemnización, por una sola vez y exenta de cualquier tributo, los militares, policías, guardias civiles y personal de las Administraciones Públicas, laboral o funcionario, que fallezcan o sufran lesiones con motivo de su participación en operaciones internacionales de paz y seguridad. También, los miembros de ONG, incluidas las congregaciones religiosas, y periodistas que trabajen en países en conflicto siempre que estén "acreditados por el Ministerio de Defensa o Interior".

La cuantía de la indemnización -140.000 euros en caso de fallecimiento y 390.000 para gran invalidez- es equivalente a la prevista para las víctimas del terrorismo, por lo que será compatible con cualquier otra prestación, excepto con esta última.

Los beneficiarios de la indeminización en caso de muerte serán, por este orden, cónyuge (incluidas parejas de hecho) e hijos, padres, nietos y abuelos, aunque los familiares en segundo grado sólo tendrán derecho a la misma si existe una dependencia económica con el fallecido.

El real decreto se aplicará con carácter retroactivo desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, aunque la primera de las 40 misiones de paz y seguridad realizadas hasta hoy por las Fuerzas Armadas españolas, en las que han intervenido más de 60.000 militares, fue en 1989 con el envío de observadores a Angola.

La norma incluirá una lista de los 109 beneficiarios de esta cláusula retroactiva, entre los que figuran 91 miembros de las Fuerzas Armadas, siete de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tres diplomáticos y siete periodistas, todos ellos fallecidos; así como un guardia civil que sufre gran invalidez.

El Gobierno decidió incluir a última hora a los siete periodistas que perdieron la vida en conflictos armados. Para que no haya dudas, Bono leyó ayer sus nombres: Juantxu Rodríguez, muerto en Panamá, en diciembre de 1989, mientras trabajaba para EL PAÍS; Jordi Pujol, en Bosnia en mayo de 1992, para el diario Avui; Miguel Gil, en Sierra Leona en mayo de 2000, para AP TV; Julio Fuentes, en Afganistán en noviembre de 2001, para El Mundo; Julio Anguita Parrado, en Irak en abril de 2003, para El Mundo; José Couso, en Irak en abril de 2003 para Tele 5; y Ricardo Ortega, en Haití en marzo de 2004, para Antena 3.

Aunque el listado es nominal, el preámbulo del decreto prevé que cualquier persona que se considere con derecho a estas ayudas pueda solicitarlas. Bono admitió que alguna religiosa podría encontrarse en este caso. Tampoco está resuelto el caso del intérprete croata Mirko Mikulcic, muerto en Bosnia en 1994 con las tropas españolas, que no figura en la lista. Los expedientes serán tramitados por el Ministerio de Defensa, que deberá resolver las solicitudes en un plazo de seis meses.

Pensión para parejas de hecho

El decreto incluye la concesión de cinco pensiones de viudedad para las parejas de hecho de los mililitares muertos en el accidente del Yak-42. Estas pensiones tienen carácter extraordinario, ya que el régimen general de la Seguridad Social exige que haya matrimonio para cobrar la viudedad, pero Bono apeló a la "excepcionalidad" de su caso y se mostró convencido de que será comprendido por la sociedad. La inclusión de estas pensiones, con carécter retroactivo desde el 1 de junio de 2003, seis días después del accidente del Yak, ha obligado a dar al decreto rango de ley.

Además, la norma incluye otras ayudas, como las relativas a tasas académicas o gastos de tratamientos médicos. Su coste total, que asciende a 19,83 millones de euros sólo para las indemnizaciones retroactivas, será financiado por Defensa con un crédito de carácter extraordinario.

De otro lado, Bono pidió a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, sin citarla, "que se tenga en cuenta el drama humano [de las familias del Yak-42] para que la Justicia no tarde más en tomar la decisión" de autorizar la exhumación de los 30 cadáveres mal identificados. Tras recordar que él propuso construir un mausoleo común para las 62 víctimas, indicó que nadie puede usurpar a las familias el derecho a decidir dónde reposan sus difuntos: "Son ellas quienes deben decidir y los jueces ayudarles".