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La Hacienda vizcaína descubre un fraude fiscal de 144 millones

Hacienda asegura que hay una bolsa de 300 contribuyentes que no han declarado

La Hacienda vizcaína ha descubierto entre julio de 2003 y el mismo mes de este año una bolsa de fraude fiscal cifrada en 144 millones de euros. Nueve de los casos, por un importe total de 25 millones, han sido ya calificados como delitos. El diputado foral, José María Iruarrizaga, calificó estas actuaciones de "primer paso" en la nueva política contra la defraudación. "El que defrauda lo tiene que pagar sin ningún tipo de exclusión ni privilegio", recalcó.

Iruarrizaga aportó ante las Juntas Generales de Vizcaya los detalles del plan de lucha contra el fraude, uno de los principales compromisos del nuevo equipo de gobierno en la Diputación. Se basa en un decálogo de actuaciones, como la ampliación de las plantillas de liquidadores e inspectores, la personación en todos los procedimientos por delito fiscal, el aumento de la investigación de los focos más sospechosos de fraude y la elaboración de una nueva norma general tributaria.

La Hacienda foral ha realizado, según los datos aportados ayer, casi 640.000 actuaciones sobre incumplimientos fiscales, de las que 535.000 se deben al impuesto de la renta, 78.000 al IVA, 9.400 al impuesto de sociedades y 17.600 a otros impuestos. La bolsa de fraude más importante aflorada se localiza en el IVA, con 77 millones de euros, seguido del impuesto de la renta, con 33,3 millones.

Los nueve casos calificados como delitos fiscales (porque superan los 120.000 euros, ha habido mala fe o negativa rotunda a resolver la deuda) se deben principalmente al IVA. Sólo hay una presunto fraude en el impuesto de sociedades, calculado en un millón de euros, y los otros ocho referidos al IVA suman 24 millones.

Los 144 millones de fraude detectados entre julio de 2003 y julio de 2004 es una cifra similar a la de anteriores ejercicios: en 2002 la cifra de fraude aflorada ascendió a 127,6 millones; en 2001 fue de más de 144 millones, y en 2000 se alcanzaron los 149,6 millones de euros. Los casos de delito fiscal trasladados a la Fiscalía durante 2002 fueron 12, por un importe de 21,1 millones, y en 2001 se elevaron a 14, que suponían 29,2 millones de euros.

El plan de lucha contra el fraude tendrá uno de sus pilares en la nueva norma tributaria que, según anunció el diputado, será aprobada el próximo martes por el Consejo de Gobierno. La ley, que no se cambiaba globalmente desde 1986, volverá a elevar la prescripción fiscal de tres a cuatro años (con lo que se equipara a Guipúzcoa y Álava) y penalizará "más duramente al que defraude", afirmó Iruarrizaga, quien no aportó más detalles. Sólo agregó que permitirá perseguir las "tramas defraudatorias más sofisticadas".

Entre las medidas concretas que van a aplicarse contra el fraude, el diputado citó el aumento este año de la plantilla de la Hacienda foral con 13 liquidadores, que se dedican a investigar el IVA y el Impuesto de Sociedades, y otros 15 inspectores para el próximo año. Además, se ha capacitado a los subinspectores para actuar en los casos de contribuyentes de hasta tres millones de euros (hasta ahora el límite era 1,8 millones) y se ha creado un equipo especializado para los contribuyentes y sectores de mayor riesgo.

La Hacienda se ha personado en seis procedimientos judiciales por delitos fiscales y se ha detectado una bolsa de 300 contribuyentes que no realizaron declaraciones y que, según la Diputación, sí tendrían que haberlas presentado. El plan pondrá especial énfasis en atajar la tendencia creciente de algunos contribuyentes a intentar retrasar el pago de su deuda hasta la vía ejecutiva y luego justificar insolvencia para eludir el pago.

"No hay pacto" con el Athletic

El diputado vizcaíno de Hacienda también compareció para explicar la controvertida deuda del Athletic con la Hacienda, cifrada en 7,1 millones de euros. Iruarrizaga habló en todo momento de "un contribuyente", sin referirse al club bilbaíno, alegando la obligación legal de guardar la confifidencialidad de los datos fiscales. Llegó a afirmar que asuntos "tan reservados" no deben ser tratados en las Juntas Generales sino resolverse en el seno de la Hacienda. El diputado no valoró el hecho de que hace dos años el Athletic recibiera unasubvención de 6 millones de euros sin que se comprobase que no tenía cuentas pendientes con el fisco. "La Hacienda ha actuado cuando ha tenido conocimiento real de las irregularidades, ni antes ni después", dijo. Añadió que tras el requerimiento, enviado en septiembre, se ha establecido la cuantía de la deuda, que sólo puede exigirse desde 2001, ya que las irregularidades anteriores, cuyo inicio se remonta a 1997, han prescrito. El diputado indicó que el procedimiento administrativo prosigue "al día de hoy" y rechazó que haya cualquier acuerdo con el club sobre el pago fraccionado de la deuda. "No existe acuerdo ni pacto, ni verbal ni escrito".

La oposición aceptó sin rechistar estas explicaciones Segundo Calleja (PSE), que en su petición de comparecencia consideraba un "contrasentido" la concesión de la ayuda cuando había una deuda, sólo reclamó que en "otra ocasión" se informe a las Juntas y Carlos Olazabal (PP) abogó por continuar con los procedimientos iniciados.

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