Menos humos

En reciente decisión del Consejo de Gobierno andaluz se aprobó con 10 meses de retraso el reglamento que grava la emisión de gases, los vertidos al litoral, los residuos radiactivos y los residuos peligrosos en Andalucía y el importe de las tasas que habrán de pagar las empresas que generen "unidades contaminantes".

Especialmente duras son las críticas expresadas por la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (AIQB), calificando los impuestos y tasas aprobados como "parciales y discriminatorios" y con un "afán recaudatorio". A ello, añadieron, como efecto colateral, que estas medidas mermaban de manera decisiva su competitividad, lo que pone en peligro la viabilidad de esta industria y, por tanto, de las casi 10.000 personas empleadas en el sector.

La Junta responde a dichas críticas asumiendo el rol de administración conservadora, y argumenta que las tasas e impuestos afectan en principio a unas 104 empresas, mientras que son 170 las entidades que necesitan acometer adaptaciones para cumplir el protocolo de Kioto.

Este debate resulta ajeno y aburrido a una población para la que ya no es noticia las prohibiciones inesperadas de capturas de pescado y marisco ante eventuales contaminación por metales pesados y el agotamiento a todas luces irreversible de los caladeros de la costa atlántica andaluza.

Para plasmar la gravedad del asunto, debería establecerse la interconexión entre ambos problemas para amortiguar las reticencias de unos y las pérdidas de otros; así, por ejemplo, las tasas e impuestos cobrados por la Junta en concepto de vertidos al litoral podrían destinarse íntegramente a la reconversión de la flota pesquera y al establecimiento de una política de extracción que permitiera la regeneración de los caladeros.

A todos nos gustaría que nos explicaran muy bien a dónde van a ir a parar los más de 40 millones de euros que se piensan recaudar por estos conceptos en el próximo año, al intentar exponerlo, a más de uno, seguro, se le bajarán los humos.