El PSPV lleva al CGPJ el caso del aparcamiento de los juzgados de Orihuela

El PSPV de Orihuela, a través de su representante legal, remitirá dos escritos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) instando a sendos órganos a que abran una investigación sobre los juzgados de Orihuela tras trascender a la opinión pública que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, paga el aparcamiento a los jueces y que un juez sustituto archivó querellas contra el primer edil después de que el Consistorio contratara a una hermana del magistrado. Para Aitor Canales, abogado del PSPV, ambos casos, "no rectificados tras su publicación, ponen en cuestión el principio consagrado en la Constitución de imparcialidad e incompatibilidad de funcionarios, jueces y fiscales".

El letrado del PSPV sostiene que la contratación de una hermana del juez sustituto, José Manuel Galiana Serrano, ex titular del juzgado número 3, por el Consistorio, ha conllevado un doble efecto: "Por un lado, el archivo de las querellas contrarias al PP y,por contra, la tramitación de las activadas contra el PSPV", afirma el letrado. El abogado sostiene que el juez debió abstenerse. El juez sustituto Galiana Serrano desarrolló posteriormente su función en el juzgado número 3 de Torrevieja. Tras cesar en la carrera judicial, el pasado 28 de septiembre, el juez fue contratado por el Ayuntamiento en la Agencia Local de Desarrollo de esa población. Antes de pasar a integrar la nómina municipal de Torrevieja el juez archivó otra denuncia de la oposición contra el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo. La contratación del juez está siendo investigada por dos letrados de Alicante para determinar el contenido del convenio del Servef con la Agencia de Desarrollo en lo dos últimos años al sospechan que personal vinculado a la judicatura puede haberse beneficiado mediante la fórmula de los contratos de obras.

Sin obligación legal

El abogado del PSPV considera anticonstitucional la iniciativa del Ayuntamiento de pagar el aparcamiento a los jueces, fiscales y secretarios en una instalación privada. "No hay ninguna obligación legal de asumir el mantenimiento de ese servicio", dice el abogado. "La iniciativa relaciona de manera directa a la Administración ejecutiva con la judicial", añade.

El Ayuntamiento, mediante decretos del alcalde, José Manuel Medina, paga a la empresa que explota el aparcamiento, la mercantil Doalco, ocho plazas que utilizan indistintamente jueces, fiscales y secretarios de los juzgados. Medina puso en marcha la iniciativa en abril de 2002 y desde entonces el Ayuntamiento ha abonado ya más de 54.000 euros a la mercantil. El alcalde justifica la medida en motivos de seguridad. Sin embargo, personal de los juzgados sostienen que el edifico Prop -centro dependiente de la Consejería de Justicia- ofrece ese servicio.