La Cámara de Guipúzcoa acusa al Gobierno de defender mal sus intereses

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa, Ignacio Iturzaeta, considera que el Gobierno vasco ha hecho una mala defensa en la causa de varios trabajadores que pidieron ante el Tribunal Superior el cumplimiento de la ley que preveía su integración en el sector público. "Se ha llegado a esto por una mala defensa jurídica", acusó ayer.

En su opinión, la sentencia ha precipitado el proyecto del Ejecutivo de liquidar las tres cámaras vascas. Iturzaeta, quien además es presidente de los agentes de la Propiedad Inmobiliaria de su provincia, no entiende cómo el Gobierno ni les ha informado "ni consultado, sólo ninguneado". Cree incomprensible que ante un caso que suponía la hipotética integración de su personal en el sector público, el Gobierno vasco no comunicase nada a los máximos responsables de estas entidades.El secretario general de la Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa, Marcos Ballesteros, señaló en declaraciones a este periñódico: "No sabíamos que varios empleados habían reclamado el cumplimiento de la legislación de 1994. Nos enteramos de la sentencia cuando ya se había producido. El Gobierno no nos consultó ni nos pidió ayuda, ni nos echo una mano invitándonos a que nos personáramos en la causa". "Coincido con el presidente en que ha sido una mala defensa del caso", agregó.

En su opinión, la sentencia de 2002 -que ganan los trabajadores- es la que precipita el proceso de liquidación de las entidades y por la que se pide la auditoría que realizó ABM Auditores. Es éste un informe exhaustivo en el que se pone de manifiesto que la Cámara de Guipúzcoa lleva perdiendo dinero toda la última década. De 1997 a 2002 ha perdido 923.051 euros, unos 154 millones de las antiguas pesetas.

Para el año 2005 el presupuesto de la entidad arroja cifras positivas, concretamente 14.618 euros, números que son posibles tras el cierre de la delegación de Eibar, y de amortizar los cuatro puestos de trabajo existentes en la misma.

En este caso, el Gobierno autónomo ha autorizado los despidos, pero los rechazó en 2003. Cuando el 28 de octubre del año pasado, la Cámara aprobó la decisión de despedir a varios trabajadores, la consejería de Vivienda, de la que depende la tutela de estas entidades, paralizó el acuerdo. El 12 de diciembre de 2003, el departamento de Javier Madrazo comunicó a la Cámara que "no está en condiciones de amortizar puestos de trabajo de gente que sea susceptible de acogerse a la sentencia de 2002, hasta que ésta no se haga efectiva, ya que de lo contrario estaría vulnerando los derechos de las personas, y Vivienda, responsable de la tutela de las Cámaras, lo considera absolutamente inapropiado".

En diciembre de 2003 el Gobierno llevaba ya un año sin cumplir esa sentencia judicial y sólo lo ha hecho 22 meses después, a punto de incurrir en desacato, y sólo cuando el Tribunal Superior de Justicia se lo ha requerido de nuevo.