Simat, un pueblo intranquilo

Durante los meses de octubre a marzo la localidad de Simat de La Valldigna, una población de 3.200 habitantes, recibe la llegada de trabajadores para la campaña de recolección de la naranja. La agricultura y los campos de cítricos son la principal actividad económica del municipio y de todo el valle. En los últimos años ha crecido el número de cuadrillas de recolectores formadas por extranjeros, sobre todo de los países del Este. Mano de obra más barata, que llega al municipio en busca de cierta estabilidad laboral, al menos durante unos meses. Los hay que vienen con la seguridad de un puesto de trabajo, pero la temporada de la naranja atrae también a un reducido grupo de población, la mayoría nómadas de étnica gitana de procedencia rumana que arrastran consigo a toda su familia. Acuden a la zona con la expectativa de hacerse hueco en alguna cuadrilla.

El fenómeno no es nuevo. Se podría hacer una radiografía similar en cualquier municipio de La Ribera, o en la zona de Requena y Utiel en época de vendimia. Pero en Simat se está produciendo en los últimos tres años una situación particular. La localidad concentra a la mayoría de los inmigrantes temporeros que acuden a La Valldigna. El Ayuntamiento cifra el número de extranjeros censados en el municipio en 400, un 12% de la población. Los vecinos y grupos del PP y Arc Iris, en la oposición, aseguran que la cifra real dobla los datos oficiales. La razón por la que Simat es tan atractiva para estos inmigrantes hay que buscarla en el negocio que de varios propietarios de inmuebles, vecinos de la localidad. Alquilan viviendas a precios muy bajos, unos tres euros el día. En ella se "hacinan" familias enteras, en condiciones sanitarias y de habitabilidad más que cuestionables, según coinciden vecinos y políticos municipales.Esta situación ha empezado a crear malestar entre los ciudadanos de Simat. La llegada de esta población temporal coincide además desde hace varios años con el aumento de hurtos en algunos comercios del municipio. Nadie se atreven a afirmar con certeza que haya una relación entre esta población y los robos. Una vecina, propietaria de un comercio, resume el sentimiento de la población: "No estamos seguros de quién roba, pero cuando ocurre algo la tendencia general es a pensar que han sido los extranjeros".

La ciudad se encuentra dividida. Algunos comerciantes aseguran que la situación es insostenible. Uno de los negocios más "castigados" por los hurtos es un supermercado ubicado en la calle principal de Simat. Sus empleadas afirman que en la temporada de naranja sufren robos casi a diario. La propietaria de una tienda de electrodomésticos cercana, asegura que no ha sufrido ningún hurto en su establecimiento, pero reconoce sentir cierta intranquilidad cuando uno de estos grupos entra en el comercio.

La situación explotó el pasado lunes. Un grupo de vecinos y comerciantes, acudieron al Ayuntamiento aprovechando la convocatoria de un pleno. Algunas voces acusaban al alcalde, el socialista Vicent Palomares, de no tomar medidas para resolver el problema. Los grupos de la oposición, PP y Arc Iris, se sumaron a las críticas. Palomares sólo contó con el apoyo del Bloc. Esta semana, algunos vecinos han iniciado la recogida de firmas de un documento que denuncia la "intranquilidad" de la ciudadanía. El escrito pide para la población inmigrante establecida en la localidad "condiciones dignas de vivienda, sanitarias, de trabajo y la escolarización de los menores". Muestra su rechazo a "los propietarios que fomentan la explotación de los inmigrantes", y exige "la regularización de los trabajadores para mantener una buena convivencia".

El alcalde se reunió esta semana con responsables de la Guardia Civil en la comarca para estudiar medidas, como el incremento de la vigilancia en el municipio. El primer edil anunció su intención de crear una comisión especial para estudiar el tema, integrada por representantes de todos los partidos políticos municipales, de los comerciantes, vecinos y fuerzas de seguridad.

Fernanda Llácer, portavoz municipal del PP, reclama al alcalde un "control de la célula de habitabilidad", así como "una fiscalización" de los inmuebles en los que se están realizando obras para adecuar pisos de alquiler. La agrupación local de Arc Iris se suma a estas medidas, y pide que "si es preciso se intervenga por vía judicial". Una actuación, dice el grupo independiente, "que evitaría abusos, garantizaría viviendas dignas, precios razonables para los extranjeros, y contribuiría a su integración".