De la Torre abre un nuevo frente con la Junta por las deudas tributarias

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha abierto un nuevo frente de hostilidades con la Junta, a la que reclama el pago de una deuda tributaria de 11,7 millones de euros que ésta no reconoce. Además, el consistorio malagueño exige también al Gobierno central impuestos municipales atrasados por importe de 12,3 millones de euros. La concejal de Economía, Carolina España, ha acusado a la Junta de manipular datos para ocultar la deuda.

El equipo de Gobierno que preside De la Torre tiene intención de emplearse a fondo en esta nueva contienda con la Junta sobre un asunto que ambas administraciones tienen pendientes de resolver desde hace tres años, pero que hasta ahora se había tratado con discreción.

La La existencia de la deuda fue sacada a la luz pública el pasado 18 de octubre por Carolina España, un día antes de que el pleno municipal debatiera una subida media de impuestos para el próximo año del 5% que levantó una fuerte contestación ciudadana y de la oposición.

La Junta, que reconoce que puede tener deudas con el Ayuntamiento, rechazó entonces la cuantía exigida, aseguró que también el consistorio tiene con la administración autonómica pagos pendientes por una cantidad similar, y alegó que está pendiente un proceso de negociación para compensarlas.

Pero 10 días después, el consistorio ha vuelto a la carga. La concejal Carlonia España ha acusado al delegado del Gobierno de la Junta, José Luis Marcos, de "tergiversar" y "manipular documentos" con el propósito de demostrar la inexistencia de la deuda, e incluso argumenta que debido a esta "clara intención de engaño" es por lo que el Ayuntamiento ha decidido hacer público los documentos que acreditan la morosidad de la administración autonómica.

España ha mostrado sendos certificados emitidos por las delegaciones de Hacienda de las administraciones central y autonómica en los que queda constancia de que el Ayuntamiento de Málaga no tiene ninguna deuda tributaria con el Estado y únicamente tiene pendiente de reingresar 628.242 euros a la Consejería de Turismo y Deportes.

Según España, la deuda pendiente de 11,2 millones de euros ya fue reclamada por el Ayuntamiento a la Junta en 2003. La edil ha mostrado un documento enviado por su antecesor, Francisco Aguilar, al entonces delegado de la Consejería de Economía y Hacienda, José Cosme Martín, en marzo de 2003 en la que le advertía del inicio de oficio un procedimiento de compensación de deudas con los créditos que el Ayuntamiento tuviera pendiente con la administración autonómica, que no cuantificaba.

Pero España también ha ocultado documentos, y no ha mostrado el de las alegaciones que la Junta presentó contra aquella reclamación y que, según fuentes de la delegación del Gobierno, permanece sin resolver, como tampoco otro recurso de reposición que ya presentó en noviembre de 2001 y al que el consistorio aún no ha dado respuesta.

El problema de fondo es que la Junta no reconoce la deuda porque se le exigen obligaciones que no le corresponden. Así, el Ayuntamiento incluye en su reclamación el Impuesto de Bienes Inmuebles de 4.626 viviendas públicas que en su día construyó el Estado y que nunca fueron transferidas a la Junta, y el de otras 1.046 sobre las que el propio Ayuntamiento asumió el papel de promotor.

Además, según la Junta, también se le exigen impuestos de viviendas que promovió en régimen de alquiler pero que ya fueron vendidas a sus inquilinos, casas forestales y vehículos de lucha contra los incendios que están exentos de tributación por ley, y los impuestos de empresas públicas como la de Emergencias Sanitarias, de Gestión de Programas Culturales o del Suelo que deben ser exigidos a éstas por ser entidades autónomas y no a la delegación del Gobierno. La Junta también se queja de que sistemáticamente el Ayuntamiento le notifique el pago de los tributos de la Universidad, pese a que reiteradamente los devuelve porque tampoco le corresponde pagarlos.

Sobre las deudas exigidas al Gobierno central, 12,3 millones de euros, el subdelegado en Málaga, Hilario López Luna, ha precisado que se han incluido obligaciones que están pendientes de resolución judicial como las de las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Sur y el puerto.