El salto adelante de los estatutos

Éste es un resumen de las principales aspiraciones de las comunidades autónomas que han iniciado los trabajos de reforma de sus estatutos.

Los partidos catalanes han pactado varios títulos del nuevo Estatuto desde que la ponencia que lo redacta iniciara su singladura en septiembre. Los grupos parlamentarios -incluido el PP- han dado su nihil obstat a asuntos como la participación catalana en los órganos de la UE, la firma de tratados internacionales previa autorización del Estado, o la participación en la elección de vocales de órganos judiciales. Aunque se trate de una primera lectura, apenas hay fisuras y el espíritu de consenso reina entre las fuerzas políticas.

Pero si lo competencial no es problemático, lo simbólico sí. Prueba de ello es que, el pasado miércoles, el PP se desmarcó de la expresión "plurinacionalidad", que las demás formaciones quieren que incluya, probablemente en el título preliminar. Anteriormente los populares no pusieron objeciones a que el término "nación catalana" figurara en el preámbulo. Está por ver el encaje de bolillos que hará la ponencia para incluir la idea de autodeterminación. Ahí, el PP pondrá objeciones y los socialistas no podrán permitirse muchas licencias semánticas.

La financiación será la guinda de los trabajos, donde habrá que apuntar a un sistema similar en resultados al concierto vasco y al navarro, pero pasado por el tamiz de la solidaridad interterritorial. De momento, la ponencia abordará en fechas próximas el blindaje de medio centenar de competencias, muchas de ellas ya traspasadas a la Generalitat, pero que sucesivas iniciativas legislativas han laminado a favor de la Administración central. Los más optimistas opinan que en la próxima primavera puede estar lista la reforma estatutaria. Antes de las vacaciones de verano le tocaría el turno a su aprobación por el pleno de la Cámara catalana, como paso previo a su remisión a las Cortes.

Los socialistas gallegos presentaron ayer un proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía para negociar con el resto de partidos y con el propósito de "garantizar la singularidad de Galicia como nación". La propuesta lanzada por el líder del PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Touriño, intenta ceñirse a la actual Constitución aunque propone avances en el autogobierno.

El proyecto se basa en los principios de "corresponsabilidad y cooperación" de las comunidades como mejor modo de apuntalar lo que se define como "convivencia plurinacional" de España. El propósito del PSOE es utilizar este documento para abrir un proceso negociador con los dos otros principales partidos de Galicia, el PP, con mayoría absoluta en el Parlamento autónomo, y el Bloque Nacionalista Galego (BNG). El presidente gallego, Manuel Fraga, ha hecho genéricas invitaciones a negociar una reforma del Estatuto, pero su oferta no se ha concretado en ninguna iniciativa, mientras que el BNG ha encargado a una comisión de expertos su propio proyecto de reforma.

La propuesta de los socialistas considera a la Administración gallega como la "principal titular del ejercicio de las funciones ejecutivas" en su ámbito territorial. Al Tribunal Superior de Justicia de Galicia se le reconoce como la "culminación del poder judicial gallego". El proyecto también reconoce a la Xunta "plena capacidad para desarrollar actuaciones de relevancia internacional, siempre que no interfiera en la política exterior del Estado. El PSdeG prevé una serie de mecanismos de financiación para garantizar la "suficiencia financiera" y acortar las diferencias con las comunidades que disponen de un sistema foral.

Desde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP, pronunciara su discurso de investidura en noviembre de 2003, se ha mantenido firme en el único efecto que tendrá su propuesta para modificar el Estatuto de Autonomía madrileño. Pero también en dejar claro que la modificación no supone solicitar mayor autonomía para la Comunidad. La presidenta propuso una reforma para lograr la división de la región en unas 10 o 12 circunscripciones electorales de unos 500.000 habitantes cada una "que agrupen a los ciudadanos por proximidad geográfica". Según los planes de la presidenta regional, "las listas de los partidos en esas nuevas circunscripciones tendrían nueve o diez nombres, y los electores podrían conocer mejor a los candidatos".

Aguirre manifestó que llevaría a cabo estas reformas como una de sus primeras medidas. Un año después, aún no se ha formalizado. Probablemente por el temor a que la propuesta no salga adelante, ya que el nuevo texto deberá ser aprobado por una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea regional. El primer escollo que tendrá que salvar Aguirre es el rechazo de Izquierda Unida, cuyos responsables consideran que la reforma "favorece a los partidos mayoritarios". El PSOE establece dos condiciones irrenunciables: que el "voto de todos los madrileños valga lo mismo" y que el nuevo texto sea redactado por "consenso".

El Gobierno valenciano, que preside el popular Francisco Camps, anunció el pasado jueves, tras entrevistarse con el líder del PP, Mariano Rajoy, su disposición a incluir en la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobado en 1983, la disolución anticipada de las Cortes valencianas y la capacidad de convocar elecciones que inicien una nueva legislatura, una demanda que Camps había desechado hasta ahora para no colisionar con el modelo de Estado que propugnaba la dirección nacional del PP.

La disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de comicios que acaba de hacer suyas Camps situaría a la Comunidad Valenciana al mismo nivel competencial de Cataluña, Andalucía o Galicia, es decir, permite al presidente gestionar el calendario electoral, como ya hacen algunas comunidades. En otros casos, la capacidad de disolución se reduce a convocar unos comicios cuyos resultados son válidos sólo por lo que quede de legislatura.

Los dos partidos en la oposición, PSPV-PSOE y Esquerra Unida-L'Entesa, quieren que la reforma garantice la condición de nacionalidad histórica, incluya el reconocimiento explícito de la unidad de la lengua catalana y rebaje del 5% al 3% el umbral de votos necesarios para obtener representación en el Parlamento autónomo.

La ponencia parlamentaria sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía está en marcha, aunque los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, IU y PA) aún no han empezado los trabajos sobre qué artículos quieren añadir, modificar o mantener. Antes de acometer esta tarea, el Parlamento andaluz está contando con las comparecencias de distintas personas y representantes de organismos e instituciones. Se espera que un primer borrador esté listo en junio de 2005.

El PP, tras oponerse a la reforma, se ha sumado a la discusión si bien no de forma entusiasta, pero sí consciente de que se trata de una ocasión histórica. Todos los partidos están de acuerdo en que los objetivos estratégicos del Estatuto deben incluir un amplio paquete de nuevos derechos sociales relacionados con el envejecimiento de la población, la paridad, la inmigración o la sostenibilidad medioambiental. Hay otro bloque de temas sobre la relación de Andalucía con el Estado -que comportaría elevar el techo competencial-, con Europa y la articulación territorial de la comunidad, y otras modificaciones que los juristas califican de cosméticas, como la inclusión de organismos o procedimientos creados o aplicados en los 23 años de vida del Estatuto sin que éste los recoja.

Esta información ha sido elaborada por Francesc Valls, Xosé Hermida, Manuel Cuéllar, Cristina Vázquez y Lourdes Lucio.