Los límites de la cumbre autonómica

El Gobierno pretende separar el debate de la reforma territorial del de la financiación sanitaria, anunciado por el presidente Rodríguez Zapatero el pasado jueves como tema estelar para la segunda Conferencia de Presidentes, que se celebrará la próxima primavera. La Moncloa y el Ministerio de Administraciones Públicas se inclinan por convocar una tercera Conferencia de Presidentes a finales de 2005, que tendría como tema central el debate del modelo territorial, que reclamaron numerosos presidentes en la primera Conferencia. En esa reunión, tanto el lehendakari, Juan José Ibarretxe, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, manifestaron que no tienen inconveniente en explicar en la Conferencia de presidentes los proyectos de reforma estatutaria de sus respectivas comunidades.

El Ejecutivo planea realizar una Conferencia en 2006 para debatir la reforma constitucional

El próximo debate sobre el estado de las autonomías abordará la reforma del Senado

El Gobierno prefiere abordar el debate territorial a finales del próximo año para no interferir en el proceso de reforma de los estatutos. Con ello, se hace eco de la opinión de algunos presidentes autonómicos, que si bien contemplan positivamente que los presidentes expliquen sus proyectos de reforma en la Conferencia, se oponen a que un foro multilateral pretenda influir en una reforma, como la de los estatutos, que es competencia de cada comunidad.

Otra razón es que a comienzos de 2005 "el proceso territorial estará verde", según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El proceso de reforma de los estatutos de autonomía, que tiene como punta de lanza a Cataluña, empezará a tomar velocidad la próxima primavera. Durante esos meses, la reforma del Estatuto de Cataluña culminará su debate en ponencia. En cuanto al País Vasco, estará sumergido en el proceso de sus elecciones autonómicas, previstas para mayo, y cuyos resultados son decisivos para orientar el llamado plan Ibarretxe.

De ahí que el Gobierno prefiera aplazar al otoño la Conferencia de Presidentes, dedicada al debate del modelo territorial, cuando el horizonte de las reformas estará más claro. Pero, además, el Gobierno se ha comprometido a convocar para enero el debate anual en el Senado sobre el estado de las autonomías, que reúne al presidente del Ejecutivo y a los presidentes autonómicos, y en el que la cuestión territorial ocupará un lugar importante.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, estima que este debate, a tan sólo dos o tres meses vista, "avanzará poco en la cuestión territorial". "Zapatero se limitará a exponer los cuatro aspectos que pretende abordar la reforma de la Constitución, así como los límites de las reformas de los estatutos; esto es, que deben permanecer en el marco de la Constitución y que deben ser consensuados". Lo que sí pronostica Sevilla es que tras la celebración de ese debate, hacia el próximo enero, puede salir como resolución la luz verde a la ponencia de reforma de la Constitución para convertir el Senado en Cámara territorial.

El debate sobre el estado de las autonomías coincidirá en el tiempo con el envío al Consejo de Estado del informe en el que el Gobierno expondrá sus criterios políticos sobre dicha reforma constitucional. El Consejo de Estado tendrá un año entero, hasta los primeros meses de 2006, para redactar el dictamen jurídico que fijará el marco de la reforma constitucional y la pondrá en marcha. El Ejecutivo prevé la convocatoria de una cuarta Conferencia de Presidentes autonómicos para la primavera de 2006, con el objetivo de debatir la reforma constitucional que afecta a dos cuestiones claves en materia territorial: la reconversión del Senado y la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas en la Ley Fundamental.

El Gobierno pretende que durante el año 2005 y a comienzos de 2006 confluya el debate sobre la reforma constitucional en varios foros: en la ponencia abierta en el Senado, con participación de los grupos parlamentarios; en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con participación de representantes de los Gobiernos autónomos; en una Conferencia de Presidentes autonómicos convocada al efecto, así como en foros diversos con participación de expertos constitucionalistas, juristas y políticos. "De ese modo, cuando en 2006 el Consejo de Estado emita su dictamen ya habrá mucho trabajo adelantado", según el ministro de Administraciones Públicas.

Pero el Gobierno, previamente, tiene que afrontar a corto plazo los compromisos adoptados en la primera Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada el pasado jueves en el Senado. Así, antes de fin de año tiene que promulgar una ley que regulará la participación de las comunidades autónomas en las instituciones europeas, incluido el Consejo de Ministros de la Unión, así como la capacitación de las comunidades autónomas para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos en los que tengan competencia.

Queda por resolver cómo se va a articular la participación de las comunidades en los Consejos de Ministros de la UE y si las comunidades recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión directamente o a través del Senado. Una reunión de la Conferencia sectorial de las Comunidades Europeas, que convocará Administraciones Públicas en las próximas semanas, zanjará esta cuestión.

Asimismo, la próxima primavera el Gobierno convocará la Conferencia de Presidentes para debatir y zanjar el problema más grave que tiene planteado el Estado de las autonomías: la reforma del modelo de financiación sanitaria, con el objetivo de zanjar su déficit. El Gobierno se ha comprometido, si hay acuerdo en la Conferencia, a aprobar una ley cuyo contenido se trasladará a los Presupuestos de 2006.

Antes de la convocatoria de la Conferencia prevista para la próxima primavera, el Ejecutivo elaborará un informe a partir de las conclusiones que surjan de dos organismos con participación del Ejecutivo y las comunidades: el Consejo Interterritorial de Sanidad, y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fijará la política de ingresos para cubrir el gasto sanitario.

El Gobierno afronta este calendario con cierto optimismo, tras el éxito alcanzado con la celebración de la primera Conferencia de Presidentes, ante la que existían expectativas pesimistas. El ministro de Administraciones Públicas cree que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "ha acertado con el método" para afrontar el reto territorial. "La confrontación del Gobierno central con los autónomos, que fue el procedimiento elegido por el Gobierno del PP, no es el camino para lograr una mejor unidad de España. Pensamos que el camino es el diálogo y la cooperación con las comunidades autónomas", afirma Sevilla.

El ministro de Administraciones Públicas añade que, además del diálogo como procedimiento, "el secreto está en lograr un clima de confianza con las comunidades autónomas". Recuerda, en este sentido, que desde que el PSOE ganó las elecciones y formó Gobierno en abril, se intensificó el contacto con todos los presidentes autonómicos, con dos rondas -una de Zapatero y otra del propio Sevilla-, así como numerosas conversaciones telefónicas. Junto a eso, "probamos nuestra voluntad de cooperación", agrega el ministro, "con la retirada de recursos contra las autonomías y con el desbloqueo de traspasos".