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La ley de acompañamiento autoriza a Hacienda a enmascarar la deuda

El PSPV alerta sobre los cambios previstos en el uso de la tesorería

Los responsables de Economía del PSPV alertaron ayer sobre tres modificaciones de la ley de Hacienda recogidas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat que dinamitan cualquier restricción sobre la disposición de fondos de tesorería que puede autorizar el Consell y permiten convertir en deuda a largo plazo las obligaciones contraídas con entidades de crédito para afrontar pagos sobrevenidos.

Enrique Villareal, secretario de Economía del PSPV, anunció ayer que los socialistas valencianos formularán enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2005 y al paralelo proyecto de ley de acompañamiento, una norma que permite modificar varias leyes vigentes sin abordar un debate específico de cada uno de los cambios en la legislación.

Villareal, flanqueado por Cristina Moreno, portavoz socialista de Hacienda en las Cortes Valencianas, y Miguel Mazón, vocal de la ejecutiva del PSPV, detalló algunos aspectos "irreales" del presupuesto de la Generalitat para 2005 y destacó una estrategia destinada a "enmascarar operaciones de tesorería que se usan para financiar deuda a largo plazo". Mazón descendió al texto. El proyecto de ley de acompañamiento presentado en las Cortes modifica tres artículos de la ley de Hacienda. El primer cambio permite al consejero de Hacienda "concertar operaciones de tesorería para satisfacer pagos inaplazables hasta un límite máximo establecido por la ley de presupuestos" y extiende esa facultad para anticipar fondos a las empresas y entidades públicas por una cuantía equivalente "a los créditos globales para gastos consignados en sus presupuestos". Hasta la fecha, Hacienda sólo podía anticipar fondos equivalentes al 20% del presupuesto de cada empresa pública.Mazón se preguntó por el carácter singular de los "pagos inaplazables": "¿Acaso no son inaplazables todos los pagos?". Y recordó que, bajo gobierno socialista, la cuantía máxima que Hacienda podía anticipar a las empresas públicas se cifraba en el 10% de su presupuesto.

Una segunda modificación de la ley de Hacienda redondea la anterior: "El producto de estas operaciones se ingresará en la tesorería de la Generalitat Valenciana y el saldo neto al final del ejercicio se aplicará al presupuesto". Es decir, los créditos a corto plazo asumidos para afrontar "pagos inaplazables" se considerarán ingresos efectivos en la liquidación del ejercicio, una consideración que sólo recibe la deuda a largo plazo.

La modificación se extiende también a las cuentas de las empresas y entidades públicas.

Las dos modificaciones dan carta de naturaleza legal a una práctica a la que los sucesivos gobiernos del PP han recurrido, de forma más o menos tortuosa, desde que José Luis Olivas, entonces consejero de Hacienda, se vio obligado a transformar en deuda a largo plazo el desfase registrado en los gastos de farmacia de la Generalitat a finales de 1996.

El crecimiento desbocado de la deuda de la Generalitat se explica, en parte, por la frecuencia con la que se han transformado en obligaciones a largo plazo créditos solicitados para afrontar gastos del día a día.

Una tercera modificación legal cuadra el círculo. Hasta la fecha, el calibre de la deuda pública que puede asumir la Generalitat cada año es autorizado por las Cortes. El cambio que recoge la ley de acompañamiento atribuye en exclusiva al responsable de Hacienda la facultad de autorizar el recurso a la deuda para financiar operaciones de tesorería. En palabras de Mazón, "un hurto total y absoluto a las Cortes y al Consell".

Enrique Villareal anticipó las razones que fuerzan al Consell a flexibilizar los anticipos de fondos de tesorería. Villareal explicó que el presupuesto de la Consejería de Sanidad para 2005, incluido el déficit previsto en el proyecto presentado por el Consell, es 146 millones de euros inferior al gasto previsto para este año.

Del mismo modo, el plan de financiación de las universidades firmado por todos los rectores del sistema público y que cifra en 550 millones de euros las necesidades presupuestarias para 2005, ha sido interpretado a la baja. El Consell destina apenas 453 millones de euros a las universidades públicas, una cifra que augura otro desfase de 100 millones de euros.

El problema adquiere otra dimensión cuando se atiende a las expectativas sobre la evolución de la economía valenciana previstas en el proyecto. El Consell presume un crecimiento de la economía del 3,2% en 2005, dos décimas por encima de las previsiones del Gobierno para el conjunto del Estado.

Villareal apuntó que según datos del INE correspondientes a 2003, los últimos disponibles, la economía española creció un 2,4% y la economía regional valenciana, sin embargo, sólo creció un 1,9%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de octubre de 2004